Roxana Monzón, diputada nacional por Unión por la Patria, consideró que el proyecto Ficha Limpia "se trata de una maniobra peligrosa que atenta contra los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho", en comunicación con Nuevo Diario.
Para Monzón, Ficha Limpia está "lejos de ser un avance en la lucha contra la corrupción. Se presenta como una medida para mejorar la calidad institucional y evitar que las personas con antecedentes judiciales puedan ser candidatas a cargos públicos, algo que ya está contemplado en la legislación vigente", objetó.
El proyecto fue aprobado el jueves, en la Cámara de Diputados, y pasó al Senado, donde se definirá.
Según la diputada, "es un mecanismo de proscripción diseñado para impedir la participación de Cristina Fernández de Kirchner y de cualquier dirigente opositor que resulte incómodo para los sectores de poder que hoy controlan el Gobierno y el aparato judicial".
"En un contexto donde se ha denunciado el lawfare como una práctica habitual e irregular que consiste en el uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a dirigentes y referentes políticos y sociales mediante su persecución por vía judicial-mediática, otorgar a un grupo de jueces cuestionados la facultad de decidir quién puede ser candidato y quién no, sin una sentencia firme, representa una grave amenaza para el sistema democrático", denunció.
"No es justicia, es persecución política con otro nombre"
Monzón defendió la figura de la expresidenta argentina: "La presunción de inocencia, garantía fundamental de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de igual jerarquía, establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que exista una condena firme".
Y siguió: "Este proyecto pretende inhabilitar a personas simplemente por haber sido condenadas y confirmada su condena por parte de la Cámara de Casación, sin esperar la revisión final de la Corte Suprema".
Para la diputada, "no solo vulnera derechos individuales, sino que profundiza la manipulación política del Poder Judicial, permitiendo que jueces y fiscales alineados con el oficialismo definan el mapa electoral".
La funcionaria, quien recordó que Lula da Silva, actual mandatario de Brasil, no pudo participar de las elecciones presidenciales de 2018 por estar condenado, apuntó: "Es un peligroso precedente que atenta contra la voluntad popular y la soberanía del voto. No es justicia, es persecución política con otro nombre".
