Se trata de Braian Fabián Bravo, quien había sido detenido el 17 de diciembre de 2024. Tras ser indagado asumió su defensa el Dr. Diego Díaz, quien requirió la excarcelación por inexistencia de peligros procesales, y le hicieron lugar.

Los Dres. Soledad Schetjman y Enzo Ruiz, defensores de Ramírez, demostraron que este se dedica a realizar fletes, y que el día del hecho había sido contratado por la mujer para tal servicio. No tenía idea que los caños eran robados.

Los Dres. Natalia N. Torrez y Daniel O. Torrez, defensores del inculpado, argumentaron la inexistencia de riesgos procesales y solicitaron que el sujeto -de apellido Ibáñez- sea excarcelado, a lo cual el magistrado hizo lugar.

Se trata de Susana Catalina Leguizamón, a quien la fiscalía le imputó el delito de estafas reiteradas, hechos por los que fue detenida el 14 de diciembre del año pasado. Le impusieron medidas restrictivas y reglas de conducta varias.

Los Dres. Franco Cejas Escalada y Javier Engle, defensores del inculpado, se opusieron y pidieron confirmar la excarcelación, a lo cual el tribunal hizo lugar.

El magistrado les impuso una fianza personal de 3 millones de pesos y severas restricciones, entre ellas no acercarse a lugares que sean frecuentados por niños, entre ellos las escuelas, etc.

Se impuso severas medidas restrictivas y reglas de conducta al sujeto, haciendo lugar al planteo de los abogados Laura Argañaraz y Leandro Jiménez, defensores del inculpado. La fiscalía había solicitado dictarle prisión preventiva.

Se trata de Marcos Sebastián Pérez y Juana Luisa Cordero, quienes fueron detenidos el 16 de octubre de este año en el barrio Primera Junta de la Capital, por estar acusados de comercializar estupefacientes.

Se trata de Emanuel Pérez, a quien se impuso severas medidas restrictivas y reglas de conducta. Su defensor -el Dr. Daniel Osvaldo Tórrez- había argumentado la falta de evidencias y la inexistencia de peligros procesales.

Está imputado por estafas reiteradas por un monto de 92 millones de pesos. Un juez deberá imponerle medidas restrictivas y una fianza.

Se trata de Rodrigo Nicolás Rodríguez (a) “Tarta”, de 26 años, y Eduardo Ramón Salazar (a) “Ñato”, de 44 años, a quienes la fiscalía imputó el delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad pública.

Se trata de Carlos Facundo Rago, quien fue asistido por el Dr. Gabriel Coronel Chalfón. El letrado argumentó la inexistencia de peligros procesales, entre otros argumentos, y advirtió que el auto que conducía su pupilo pertenece a un amigo.

Se hizo lugar al planteo de los Dres. Natalia N. Torrez y Daniel O. Torrez, defensores de los sujetos detenidos y sospechados de haber adquirido tales bienes, aunque ellos afirmarían que los adquirieron en un comercio local.

Los hechos habían sido denunciados por el pastor Gonzalo Nicolás Jiménez. No puede ni siquiera contactarlos por teléfono.