El Gobierno nacional aceleró las gestiones políticas en la Cámara de Diputados para conseguir respaldo al proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo pretende alcanzar un dictamen en las próximas semanas y habilitar su tratamiento en el recinto el 18 de noviembre o, en caso de no lograrlo, el día 25.
Las conversaciones se desarrollan en la comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, mientras que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cumple un papel central en el acercamiento con los espacios que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo.
Aunque todavía no se alcanzaron compromisos definitivos, los bloques aliados comenzaron a presentar una serie de condiciones y pedidos para respaldar la propuesta del Ejecutivo.
El impuesto a los combustibles y las obras viales, en el centro del debate
Uno de los principales puntos de discusión es el destino de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los sectores dialoguistas reclaman revisar la carga tributaria y garantizar que una parte de esos fondos se utilice para reparar y mantener las rutas nacionales.
El planteo también fue impulsado por distintos gobernadores, que buscan que sus representantes en el Congreso defiendan mayores inversiones en infraestructura vial.
Desde el PRO, la bancada liderada por Cristian Ritondo incorporó otros reclamos a la negociación. Entre ellos, la situación de la coparticipación federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, y el pedido del mandatario entrerriano Rogelio Frigerio para reducir del 21% al 10,5% el impuesto aplicado a los huevos y sus derivados.
A estas demandas se agregan solicitudes de obras y mejoras en rutas de distintas provincias.
Universidades y discapacidad: las exigencias de la UCR
La Unión Cívica Radical (UCR) también planteó la necesidad de incrementar los recursos destinados a las universidades públicas. La discusión gira alrededor de la diferencia entre los 7 billones de pesos previstos por el Gobierno y los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Los legisladores radicales buscan acercar ambas posiciones y conseguir mayores partidas para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.
Otro tema que genera preocupación es el financiamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Los representantes de la UCR esperan que la Secretaría de Hacienda, conducida por Carlos Guberman, brinde garantías sobre los recursos necesarios para cumplir con la legislación vigente.
Un legislador radical cercano a un gobernador provincial advirtió que la falta de partidas podría modificar el acompañamiento parlamentario: “Si no están los fondos, varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular”.
Los radicales también impulsan incentivos para las inversiones
Dentro de las conversaciones aparece el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa promovida por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y aprobada recientemente por la Cámara Alta.
La propuesta apunta a atraer capitales nacionales y extranjeros, fortalecer las cadenas productivas, impulsar las exportaciones y generar nuevos puestos de trabajo.
Vischi sostiene que el país tiene posibilidades de aprovechar la creciente demanda internacional de alimentos y energía, por lo que considera necesario establecer condiciones que favorezcan las inversiones.
Por su parte, el senador Maximiliano Abad solicitó que la actividad pesquera también pueda acceder a los beneficios del régimen sin tener que cumplir con un monto mínimo de inversión. Entre los argumentos mencionó la necesidad de renovar embarcaciones, incorporar tecnología y mejorar los procesos de conservación y producción.
En Diputados, la radical Karina Banfi, integrante del bloque Adelante Buenos Aires, también promovió modificaciones impositivas para el sector pesquero.
La ley de biocombustibles suma otro foco de tensión
Otro de los asuntos que forman parte de las negociaciones es el futuro de la ley de biocombustibles, una iniciativa de especial interés para las provincias productoras, principalmente Córdoba y Santa Fe.
El proyecto recibió la aprobación del Senado el 17 de septiembre, pero su avance en Diputados quedó detenido por diferencias respecto de algunos artículos relacionados con la producción de biodiésel.
El espacio de Provincias Unidas, conducido por Gisela Scaglia, transmitió al oficialismo su intención de avanzar con la iniciativa. Durante las reuniones de las comisiones involucradas, legisladores de distintos bloques cuestionaron disposiciones que, según señalaron, podrían perjudicar a pequeñas y medianas empresas regionales.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, cercano al gobernador Martín Llaryora, cuestionó que las diferencias políticas hayan impedido avanzar con el dictamen. Si bien manifestó su disposición a debatir cambios en los porcentajes de corte, reclamó que esas discusiones no terminen bloqueando la aprobación de la norma.
También expresó objeciones Eduardo Falcone, representante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El legislador advirtió que determinados artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado podrían perjudicar a unas 25 pequeñas y medianas empresas que realizaron inversiones y generan empleo.
Según su planteo, las modificaciones beneficiarían a un grupo reducido de grandes compañías multinacionales que cuentan con mayor capacidad productiva y recursos para competir. Entre las zonas que podrían resultar afectadas, mencionó a la provincia de Buenos Aires, donde funcionan numerosas productoras de biodiésel de menor escala.
Una negociación clave para el oficialismo
Con distintos pedidos sobre la mesa, el Gobierno deberá profundizar los contactos con sus aliados para reunir el respaldo parlamentario que necesita.
El tratamiento del Presupuesto 2027 estará condicionado no solamente por las diferencias sobre la distribución del gasto, sino también por las respuestas que pueda ofrecer el oficialismo a los reclamos vinculados con impuestos, infraestructura, educación, discapacidad y producción.
Las próximas semanas serán determinantes para saber si La Libertad Avanza consigue acercar posiciones y garantizar los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto.
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