Un fallo judicial generó una ola de indignación en el interior cordobés. Rodrigo "Loli" Santi (32), un reconocido instructor de bomberos de la localidad de La Playosa, confesó haber abusado sexualmente de varios aspirantes a los que debía formar. Sin embargo, esperará el juicio en la comodidad de su hogar tras ser beneficiado con prisión domiciliaria.
Santi, quien era un referente en el cuartel, está imputado por delitos gravísimos: abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. A pesar de haber admitido los cargos el pasado 20 de noviembre, su defensa logró sacarlo de la cárcel alegando un cuadro de "trastorno depresivo mayor con ideación suicida".
El "juego" perverso en el cuartel
La investigación destapó un modus operandi sistemático y aberrante. Según la querella, el instructor utilizaba su posición de poder para naturalizar situaciones sexuales entre los chicos.
Los testimonios revelan que Santi promovía masturbaciones grupales bajo la excusa de "juegos" o competencias de confianza dentro del cuartel. Una vez rota esa barrera, contactaba a las víctimas por mensaje y las invitaba a su casa, donde les ofrecía alcohol y concretaba los abusos individuales.
El chat que lo delató
La impunidad se terminó gracias a una madre. En octubre pasado, la mujer accedió al WhatsApp Web de su hijo de 16 años y encontró una conversación donde el bombero admitía que "se había zarpado" y le pedía perdón al menor por un hecho ocurrido en marzo de 2024.
Ese adolescente había huido de la casa del instructor luego de que este intentara masturbarlo. La denuncia destapó una olla a presión en La Playosa, donde los abusos eran un "secreto a voces" que nadie se animaba a contar, presuntamente por el peso que tenía la familia del acusado en la institución (su padre, hermano y madre ocupaban cargos directivos).
Polémica judicial
El beneficio de la prisión domiciliaria fue otorgado el 22 de diciembre de 2025, apenas dos días después de que asumiera una nueva abogada defensora y presentara un informe psicológico de parte.
El abogado de las víctimas, José Corigliano, advirtió que podrían aparecer más denunciantes y recordó que Santi enfrenta una pena en expectativa de entre 8 y 20 años de prisión.
