Una denuncia por presuntas irregularidades en el pago de horas extras derivó en una investigación judicial en Córdoba, luego de que se conociera que un empleado del SURRBAC, el sindicato que representa a los recolectores de residuos, habría cobrado cerca de 20 millones de pesos en un solo mes por ese concepto.
La presentación fue impulsada por la concejal opositora Elisa Caffaratti y motivó la intervención del fiscal anticorrupción Matías Bornancini, quien encabezó una serie de allanamientos que finalizaron durante la noche del miércoles en la sede del Coys (Córdoba Obras y Servicios) y en las instalaciones del gremio.
Hasta el momento, la investigación no registra personas imputadas.
Reclamos por falta de información y fondos millonarios
Caffaratti señaló que desde el Concejo Deliberante habían presentado distintos pedidos de informes para conocer detalles sobre el manejo de los recursos, pero aseguró que no recibieron respuestas.
La edil manifestó su preocupación por la falta de explicaciones de las autoridades municipales y del cuerpo legislativo. Según expresó, el tema se encuentra bajo seguimiento desde hace más de un mes y llamó la atención el silencio institucional frente a los planteos realizados.
Además, puso el foco en el volumen de dinero que administra el Coys. De acuerdo con sus declaraciones, el organismo concentra una parte importante del presupuesto municipal destinado a la higiene urbana.
En ese sentido, indicó que ese rubro representa cerca del 20% del presupuesto de la Municipalidad, con una asignación superior a los 300 mil millones de pesos. De ese total, alrededor de 100 mil millones anuales se destinan al Coys.
La concejal advirtió sobre la gravedad que podrían tener las irregularidades denunciadas, debido a las sumas involucradas y al destino de los fondos públicos. La investigación judicial buscará determinar si existieron pagos indebidos y establecer las posibles responsabilidades.




















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