La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de devolverle al Estado la facultad de supervisar los aumentos de las empresas de medicina prepaga provocó fuertes críticas por parte del sector. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtieron que la resolución puede poner en riesgo la continuidad de algunas prestaciones.
El presidente de la entidad, Hugo Magonza, cuestionó el pronunciamiento judicial que declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que había liberado los precios de los planes de salud privados.
"Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura", manifestó el dirigente, quien también alertó sobre el escenario de inseguridad jurídica que, a su entender, genera la medida.
Preocupación por la situación económica del sector
Magonza sostuvo que las empresas de medicina prepaga arrastran dificultades financieras desde hace varios años y consideró que la recuperación de los mecanismos de regulación puede profundizar esos problemas.
"El sistema literalmente ya está quebrando", afirmó.
Según explicó, durante etapas anteriores los incrementos autorizados no siempre acompañaron la evolución de los costos operativos de las prestadoras. También cuestionó que se aplicaran porcentajes similares a compañías con estructuras de gastos y perfiles de afiliados muy diferentes.
En ese sentido, señaló que las entidades que tienen una mayor proporción de personas de edad avanzada o pacientes que requieren tratamientos prolongados deben afrontar gastos más elevados.
Advierten por posibles nuevos reclamos judiciales
Otro de los puntos que genera preocupación entre las empresas es la posibilidad de que la resolución de la Corte incentive nuevas demandas por parte de los afiliados.
El titular de la UAS consideró que el fallo puede abrir la puerta a reclamos individuales y colectivos, incluidos pedidos de reintegros e indemnizaciones.
A su entender, una mayor judicialización podría absorber recursos que actualmente se destinan a financiar las prestaciones médicas.
De todos modos, la sentencia no establece devoluciones automáticas ni ordena reintegrar todos los aumentos aplicados anteriormente. La resolución de eventuales reclamos particulares dependerá de cada proceso judicial.
Qué cambia con la decisión de la Corte
El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las atribuciones del Estado para intervenir en el control de los valores de los planes de medicina prepaga.
El caso se originó a partir de la presentación de una afiliada que denunció un incremento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Con este pronunciamiento, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera las facultades para revisar y autorizar los aumentos, considerando la evolución de los costos y los cálculos actuariales de las compañías.
Sin embargo, la Corte aclaró que los incrementos no deben quedar necesariamente atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las empresas preparan una respuesta
Ante el nuevo escenario, Magonza anticipó que la Unión Argentina de Salud trabaja en un documento con fundamentos jurídicos para analizar los alcances de la sentencia.
La decisión judicial restablece la intervención estatal sobre los aumentos de las cuotas, mientras las empresas del sector advierten sobre las dificultades económicas que, según sostienen, podrían afectar el funcionamiento del sistema.
Las advertencias sobre una eventual pérdida de cobertura forman parte de la postura expresada por la entidad empresarial y no representan una consecuencia determinada por el fallo.




















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