Un verdadero escándalo político e institucional sacude a la región. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este miércoles su renuncia irrevocable a la máxima magistratura, acorralado por una profunda crisis financiera tras la intempestiva intervención de Ueno Bank —una de las entidades más grandes del país— que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.
La decisión de Peña fue anunciada a través de un mensaje grabado en su cuenta de X, donde intentó justificar la medida en pos de calmar las aguas: “Tomé la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.
En un tono autocrítico, el mandatario le pidió perdón a la ciudadanía: “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento fallé. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”. Peña concluyó su mensaje señalando que "ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República" y exigió que se garantice la devolución de los recursos a los afectados.
Protestas, represión y un juicio político inminente
La salida de Peña se precipitó tras dos jornadas consecutivas de masivas y calientes protestas en las calles de Asunción. Miles de ciudadanos autoconvocados salieron a marchar para exigir la devolución de su dinero y la destitución inmediata del mandatario, escenas que derivaron en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y fuertes denuncias de represión.
La presión social encontró su correlato en el Congreso nacional, donde la Cámara de Diputados aceleraba el tratamiento de un pedido de juicio político tanto contra Peña como contra el vicepresidente, Pedro Alliana. La iniciativa sumaba el respaldo de la oposición y de sectores del propio oficialismo, acorralados por el escándalo.
El colapso de Ueno Bank
La debacle se desató cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de urgencia de Ueno Bank por gravísimos problemas de solvencia, ordenando la suspensión total de sus servicios. El impacto económico es devastador: la entidad concentraba los depósitos de alrededor de tres millones de personas, lo que equivale a casi la mitad de la población total del país.
Como fichas de dominó, el colapso financiero se cobró la cabeza del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y derivó en la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su propio presidente, Miguel Vázquez.
En paralelo a la investigación penal, los legisladores opositores apuntaban al presunto mal desempeño de las funciones del Ejecutivo y a posibles conflictos de intereses debido a los vínculos comerciales que el propio Peña mantuvo en el pasado con el grupo empresarial controlador del banco. Asimismo, se cuestionó duramente el destino de los fondos públicos y previsionales que estaban depositados en el gigante financiero.
Santiago Peña había asumido el poder en agosto de 2023 con un mandato que se extendía originalmente hasta 2028. Su abrupta renuncia deja ahora un vacío de poder y abre un escenario institucional sumamente delicado que el Congreso paraguayo deberá resolver de urgencia conforme a lo estipulado en la Constitución nacional.
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