La política exterior es un tipo de política gubernamental dirigida hacia un público muy particular –el externo– que es a su vez un conglomerado muy heterogéneo de actores gubernamentales y privados. A su vez, las reacciones de mediano y largo plazo de este público externo a las declaraciones y, sobre todo, a las medidas internas y externas adoptadas por el Gobierno de Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre de 2015 tendrán un impacto no sólo en la posición internacional del país, sino también en el frente político y económico doméstico. Como los cambios de expectativas del público externo sólo pueden medirse en el mediano y largo plazo, resulta imprudente hacer un balance de la política exterior del nuevo Gobierno argentino a poco más de dos meses de haber asumido. Lo que sí se puede hacer es identificar, aunque sea brevemente, los desafíos y oportunidades de dicha política.
Si tomamos en cuenta las declaraciones del propio presidente y de la canciller Susana Malcorra –indicadores iniciales de la visión del mundo de estos funcionarios–, la nueva administración parte de la percepción de que la Argentina debe tener una política exterior flexible, no atada a dogmatismos, que no excluya a priori ningún tipo de vinculación política y/o económica bilateral o multilateral, pero con el norte puesto en el desarrollo integral del país. Flexibilidad necesaria, dado que los contextos internacional y regional del presente no son los que estuvieron vigentes durante la década de 2000, caracterizada por la declinación económica de Estados Unidos y los países de la Unión Europea –especialmente agudizada a partir de la guerra contra Irak en 2003 y de la crisis de 2008– y el crecimiento de China y poderes emergentes como Brasil y la India y petro-estados como Rusia y Venezuela, estimulados en estos dos últimos casos por el alza de los precios internacionales del petróleo que caracterizó a la pasada década.
Por cierto, los nuevos datos de los escenarios internacional y regional confirman estas percepciones de Macri y de Malcorra acerca de la necesidad de una política exterior no dogmática, flexible, que evite alineamientos o “relaciones especiales” como los adoptados en las décadas de 1990 con Estados Unidos y de 2000 con Venezuela e incluso con China (el reemplazo del “consenso de Washington” por el “consenso de Beijing”), que no han contribuido ni a incrementar el margen de maniobra externo de la Argentina ni al bienestar de la mayor parte de la sociedad. Entre los nuevos datos de la realidad internacional y regional figuran la desaceleración del crecimiento económico de China, motor de la recuperación argentina vía exportaciones del complejo sojero en la década de 2000; la recuperación económica de los Estados Unidos; la caída de los precios internacionales de petróleo y su negativo impacto en el margen de maniobra de petro-estados como Rusia y Venezuela –y en la rentabilidad de las petroleras británicas para explotar el oro negro en aguas cercanas a las islas Malvinas (dado su alto costo)–; la crisis económica y política de Brasil y su negativo eco en el posicionamiento regional e internacional del vecino país; y el ascenso de la Alianza del Pacífico como herramienta de inserción externa de México en su competencia con Brasil por el liderazgo regional.
Todos estos nuevos datos de los escenarios internacional y regional representan desafíos y oportunidades para la política exterior del nuevo Gobierno argentino. El desafío de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de una mejor inserción internacional del país y los costos internos de dicha inserción. En otras palabras, el de concebir e implementar una política exterior que apunte a maximizar la capacidad exportadora argentina y atraer las necesarias inversiones y recursos humanos externos, y a la vez a proteger el poder adquisitivo, el empleo y la capacitación de los recursos humanos internos. El desafío de construir e implementar una política exterior de Estado y no de Gobierno, que sobreviva a los términos temporales del actual Gobierno aunque lo suceda otro de distinto signo político, a fin de generar en los actores externos una imagen de certidumbre y credibilidad. Una imagen que sólo se puede construir y mantener en el tiempo, a través del funcionamiento eficiente de la economía pero también de la Justicia y de la seguridad, a fin de inspirar confianza en los distintos actores externos, desde gobiernos hasta empresarios y potenciales inversores.
El fin del cepo cambiario y de las retenciones a las exportaciones agropecuarias (reducción gradual de dichas retenciones en el caso de la venta de soja), la voluntad del Gobierno argentino de poner un punto final al litigio con los fondos “buitre” y de construir “relaciones maduras” con los Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la base del diálogo y no de la confrontación, son algunas de las iniciales medidas de política exterior del nuevo Gobierno que procuran capitalizar a favor de la Argentina el cambio de expectativas que produjo la asunción de Macri tanto dentro como fuera del país.
Pero para que los actores externos respondan favorablemente a estas señales iniciales del Ejecutivo y la Cancillería, las mismas deben ser acompañadas con la adopción de medidas eficaces e integrales internas, que apunten a construir credibilidad interna y externa combatiendo flagelos estructurales como el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, la falta de seguridad jurídica a las inversiones, la inflación, el bajo nivel educativo, y la cultura de la confrontación y la enemistad destructiva hacia el que piensa distinto. Medidas integrales en las que deben estar comprometidos no sólo los tres poderes de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino también el conjunto de la dirigencia política, empresarial y sindical y de la sociedad civil.
Los desafíos mencionados son enormes. Pero las oportunidades de construir una nueva política interna y externa para el país también lo son, si el Gobierno mantiene políticas congruentes con sus promesas electorales, y si la clase política, los empresarios, lo sindicatos, y la mayor parte de la sociedad civil deciden acompañar dichas políticas y comienzan a privilegiar el diálogo constructivo y el bien común por sobre la estéril confrontación. En este sentido, el resultado de las próximas negociaciones en torno a las paritarias y de las leyes en el Congreso, será un temprano indicador interno de qué camino hemos decidido elegir los argentinos: si el de las políticas de Estado fruto del diálogo entre los distintos actores internos, con una política exterior no dogmática y al servicio del desarrollo integral del país; o el viejo atajo de las políticas gubernamentales al servicio del interés electoral del gobierno de turno, un camino sin retorno que destruye el capital de confianza interno e internacional.
