Argentina tiene plazo hasta el 14 abril de 2016 para salir de la humillante calificación de “tramposos mundiales” lograda por el anterior gobierno. Debe derogar dos leyes absurdas: la Ley Cerrojo, que prohíbe negociar con los holdouts y la de Pago Soberano, que impone pagar sólo donde se nos dé la gana.
Concatenada con la imprescindible flexibilidad para salir del default vitalicio, los legisladores plantearon un proyecto por demás delicado: volver a endeudarnos en mercados internacionales. El Gobierno de Macri desea no tener límites, porque necesita manos libres. El peronismo renovador de Massa sí los quiere y recela del Gobierno. El kirchnerismo residual no sabe por qué, pero se opone a todo lo que sea sensato.
El tema volvió a abrir el apetito de los gobernadores e intendentes peronistas que ven la oportunidad de financiar el gasto en obras públicas y al mismo tiempo mantener la inviable dotación de 4 millones de empleados públicos ocupados en tareas inútiles.
Argentina vuelve a las andadas: vivir por encima de sus posibilidades, tirar manteca al techo y repudiar la disciplina financiera. Cíclicamente abandonamos la sobriedad y moderación y optamos por el reparto de la piñata.
Para los demagogos, cualquier proyecto de obra pública es una ocasión para enriquecerse y conseguir apoyo popular, como lo hemos comprobado en los intentos de reforma constitucional para asegurarse la reelección ilimitada.
Tomar deuda pública para no emitir papel moneda o evitar el aumento de impuestos, es una decisión que se paga con la caída del nivel de vida en pocos años. Las crisis recurrentes que nos azotan cada 10 años desde 1930 hasta ahora, nos enseñan que repitiendo los mismos desaciertos se producen idénticos fracasos. Pero nadie se acuerda de ello.
La facilidad presupuestaria para endeudarse, que vuelve a rondar por la cabeza de la clase política esconde el peligro de que, en pocos años, volvamos a hundirnos en la desocupación, la miseria y el hambre.
El “desarrollismo industrial” preferido por el Gobierno está basado en financiar obras públicas con emisión de deuda externa, para no emitir dinero. Pero produce los mismos efectos que el “populismo demagógico” de la oposición peronista que ha financiado el gasto público con inflación.
Ambos esquemas son una irresistible ocasión para que los funcionarios puedan enriquecerse a costa de fondos públicos. Eso está pasando en Brasil con el Escândalo do Mensalão y el caso Lava Jato. También entre nosotros, con el matrimonio Kirchner, según las innumerables causas de corrupción por sobreprecios en obras públicas otorgadas a sus contratistas favoritos.
Sin embargo, es imprescindible recuperar la obra pública devastada por el kirchnerismo. El planteo divergente entre el Gobierno y la oposición renovadora puede resolverse con inteligencia. Hay que observar cómo podría emitirse nueva deuda sin provocar inflación ni pobreza ni futuros default.
Un ejemplo digno de imitar es Alemania, donde el tema está a cargo de Wolfgang Schäuble, severo ministro de Economía, con un carácter tan fuerte que nadie se atreve a mangonearlo.
Los criterios legales para emitir deuda debieran ser los siguientes:
1º Los proyectos de obra pública, de cualquier importancia, requerirán la intervención de consultores locales o extranjeros, independientes, para la evaluación financiera y social del proyecto. Ninguna repartición oficial debiera supervisarse a sí misma, prescindiendo de la intervención de auditores o consultores independientes.
2º Los proyectos de obras públicas no pueden incluir privilegios fiscales ni cláusulas secretas, sospechosas de generar coimas a favor de los legisladores y funcionarios que los aprueben, como en el caso Chevron.
3º La amortización del proyecto debe ser “lineal”, para no camuflar el flujo de dinero, con el fin de hacer aceptable la obra.
4º Tanto la obra en sí, como los títulos de deuda para financiarla, podrán pagarse llave en mano al terminarse el proyecto, según el método alemán.
Así se terminan los adicionales, mayores costos y extras fuera del presupuesto.
5º El valor actual del flujo de beneficios esperados menos el flujo de costos tiene que ser positivo, incluyendo los intereses del préstamo.
6º La tasa de interés del bono debe ser inferior a la tasa interna de retorno del proyecto, para que la inversión en obra rinda más que el costo financiero del endeudamiento. La economía deviene salvaje si la ganancia financiera es superior a los beneficios reales de las obras públicas.
7º El plazo de pago de los cupones de capital tiene que ser inferior al período de vida útil de la obra, para no seguir abonando una obra obsoleta o fuera de servicio. Es descabellado seguir pagando deuda por obras que no sirven o no funcionan.
8º El momento óptimo para iniciar el proyecto es aquél en que los beneficios netos del primer año de funcionamiento sean iguales al coste del capital comprometido. La pérdida de oportunidades para ejecutar obras públicas básicas y esenciales repercute en daños sociales.
9º El tamaño óptimo de la obra pública resulta cuando el valor actual de los beneficios netos brindados es igual a cero; es decir que no es necesaria una obra más pequeña ni conveniente hacerla más grande, como ocurre en los casos del Museo del Bicentenario, las represas Cepernic y Néstor Kirchner.
10º Cuando haya restricciones de capital, para elegir entre varias obras alternativas, estas deberán ordenarse por orden de jerarquía, haciendo un listado de proyectos según la tasa de descuento imputada a cada uno en el primer año, hasta que agotar el presupuesto destinado a inversiones. Sin prioridades para decidir el gasto en obras públicas, la gestión del gobierno es frívola y fatua.
11º Bajo ningún concepto, la obra podrá costar más que otra similar o equivalente construida en el país o el extranjero en los últimos 5 años. Los sobreprecios en la obra pública, ineludiblemente esconden escándalos de corrupción.
12º Cualquier inobservancia de estas reglas por los contratistas, el consultor independiente y los legisladores o funcionarios que intervengan en la obra será considerada asociación ilícita o intento de corrupción. Si los participantes en cualquier obra pública se confabulan para obtener ventajas ilícitas, el sistema de licitaciones se transforma en latrocinio.
Como puede verse, podría armonizarse el deseo de Mauricio Macri con las pretensiones del peronismo renovador, en cuanto al límite de las nuevas deudas y el control de los fondos. Los legisladores que deben aprobar las leyes de endeudamiento podrían asegurarnos que no van a volver a hipotecar el destino del país, que no se volverá a generar desocupación, pobreza y desnutrición y que los funcionarios públicos no engrosarán sus bolsillos a costa de nuestros impuestos.
Pero eso sí, el Gobierno de Mauricio Macri debiera tener un ministro de la talla de Wolfgang Schäuble, con unidad de mando y capacidad de decir “no hay más plata” y la oposición debiera comportarse con dignidad, respeto, sensatez y espíritu de cooperación.
Alguna vez, antes de morir, quizás podamos ver ¡el milagro argentino!
