Felipe Solá (*)
Infobae
El gobierno insiste con la aplicación de las políticas que nos llevaron a recurrir al prestamista de última instancia como es el Fondo Monetario Internacional. Las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, el final es previsible, volver a transitar una crisis extrema.
Rechazar el acuerdo con el FMI es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales.
Es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado que se subordina al FMI y a los fondos de inversión. Es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno.
No hay un único camino como el gobierno desea imponerle a la sociedad. Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la elusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales.
El acuerdo y sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la de 2001. Es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría de los argentinos. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro. Por ello debemos rechazar estas exigencias:
* Vender el mayor patrimonio del Estado, administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que representa la garantía de jubilados y pensionados.
* Privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP para ricos y a un sistema de beneficios miserables para el resto de la sociedad.
* Cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años, creando incentivos para la pérdida de servidores públicos, investigadores, maestros o enfermeros, que disminuirán el capital social de nuestro país.
*Penalizar a miles de jubilados y pensionados y perceptores de beneficios sociales, cuyos ingresos se verán más tarde o más temprano, empujados a recomponerse con los mismos esquemas del resto de los trabajadores públicos (8%) cuando la inflación esperado para los meses que vienen no será inferior al 32%.
*Bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, porque le resta vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga.
*Seguir endeudando a nuestro país, cuando sabemos que los niveles de deuda comparado con nuestras exportaciones o contra nuestro PIB señalan indicadores de elevado riesgo para la sustentabilidad de nuestra economía.
*Privatizar de forma encubierta servicios públicos, empresas del Estado o futuras acciones que pueda realizar el Estado, en la medida que como ocurriera en el pasado, esas decisiones terminan siendo financiadas por el conjunto de la sociedad.
*Continuar dolarizando la deuda a través de una pésima política de emisión de Lebac por parte del BCRA y su canje en Letras del Tesoro dolarizadas que no hacen más que descargar sobre toda la sociedad los resultados de un gobierno superado por sus propios problemas y equivocadas decisiones.
*Ignorar que la única solución para atacar la crisis del sector externo que Macri ha magnificado sea liberando el tipo de cambio para estimular exportaciones que minimicen la esperada y enorme caída del consumo y la inversión, el desempleo y la pobreza.
*Reformas exigidas en relación al Banco Central que implicaría una política monetaria y cambiaria disociada de los intereses del país y un Directorio por seis años cuando 10 de esos miembros son responsables de una de las mayores fugas de capitales de la historia.
(*) Diputado nacional Frente Renovador
