El debate inflacionario está al rojo vivo en la Argentina porque el actual equipo de gobierno no entendió en noviembre pasado antes de la segunda vuelta, y por ende no tuvo en diciembre la claridad conceptual necesaria, tal como para explicarle a la sociedad que una operación de corrección de precios relativos como la que heredó es equivalente a blanquear una fenomenal inflación reprimida y que por lo tanto la tasa de inflación iba a subir, y bastante, pero de modo transitorio, en la primera mitad de 2016. En cambio se encerró en el triunfalismo de que con el cambio de expectativas y un buen manejo monetario-cambiario la inflación se iba a reducir y cometió el error de pronosticar un 25% para 2016, cuando en verdad no había ningún modelo numérico serio que pudiera proyectar eso.
Hace tres semanas, la última encuesta para 2016 dada a conocer por Consensus Forecast (que releva los pronósticos de 24 consultoras profesionales en la Argentina) arrojaba un 31,7% de aumento del IPC para 2016, con sólo 3 respuestas que decían que va a estar en la pauta oficial. Pero un aspecto importante es que la misma proyección de la inflación, pero para 2017 (si bien basada en un número menor de respuestas) cae al 20% anual.
Es decir que los analistas entienden, para mí correctamente, que esta aceleración inflacionaria está vinculada con la purga de la inflación reprimida por la compresión y distorsión de precios relativos heredada.
Los economistas argentinos no tenemos que irnos a otras latitudes para encontrar contribuciones novedosas a la modelación del proceso inflacionario, porque las nuestras han sido verdaderamente notables para mí. Existen diferentes modelos del proceso inflacionario que pueden conducir a una ecuación empírica similar, de forma reducida, que vincula a la inflación con shocks de precios, la inflación pasada y el déficit fiscal y la emisión de dinero.
Los resultados de mi ejercicio de simulación preferido eran que, sin contar el efecto de la devaluación –que agravaba el agujero de los subsidios porque los costos de la energía están en dólares y la demanda paga en pesos- ni con el efecto de la suba salarial, la eliminación total de los subsidios al gas y la electricidad (si es que se iba por ese camino) le iba a adicionar a la inflación de 2016 un shock que, teniendo en cuenta la inercia inflacionaria, iba a ser del orden del 11%.
El resultado provenía de simular una ecuación de precios traída de los 70 y 80 (lo que constituía mi mejor ‘prior” bayesiano dada la ausencia de datos creíbles en la serie reciente) en donde los efectos de los aumentos del tipo de cambio, las tarifas de energía y los salarios agregaban shocks de corto plazo a una relación que dependía en el largo plazo de la emisión monetaria y el déficit.
Por lo tanto, aparecía una duda que había que dilucidar, sobre si el efecto de estabilización de la inflación resultante de eliminar los subsidios (porque se elimina el déficit y la emisión monetaria) dominaban en 2016 el efecto impacto de tener que subir las tarifas.
Esta pregunta cuantitativa precisa requiere una respuesta que sólo puede responderse con una ecuación dinámica de precios basada en los componentes antes mencionados (tipo de cambio, tarifas, salarios y emisión monetaria) y no con las cuentas de almacenero que miden el impacto en la inflación por efecto en el IPC que tiene una determinada suba de precios.
Esto es lo que hemos estado escuchando y leyendo todos estos días (además de un conjunto de chicanas lamentables por parte del Gobierno como decir que los aumentos de tarifas no son inflación). No está mal hacerlo si uno quiere medir impactos contables fácilmente, pero no es una respuesta completa porque no tiene en cuenta los “efectos de segunda vuelta” que están en la propia formación de precios, algo que ya ha ocurrido con el tipo de cambio, está recién empezando a ocurrir con las tarifas de electricidad y va a ocurrir dentro de poco luego de los aumentos salariales y de las tarifas de gas natural.
El problema es que estos aumentos de segunda vuelta dan lugar a aumentos de segunda vuelta del tipo de cambio, las tarifas y quien lo sabe más adelante en el año en los salarios. Contra esto batalla la política monetaria y, atrás de ella, la política fiscal. De nuevo, sólo una ecuación dinámica de precios es capaz de cuantificar estos efectos y la misma tiene que ser parte de una agenda explícita de un programa de estabilización. Hoy no la tenemos, pero porque nos olvidamos de cosas que aprendimos antes cuando estudiábamos inflación y estabilización.
El debate de cuales son o deberían ser las anclas nominales de corto plazo y largo plazo es un debate que no se dio el año pasado y el gobierno manifestó una sordera selectiva frente a lo que escribimos varios economistas.
Mientras que el papel del Banco Central ha sido para mí consistente y congruente con trabajar para que la inflación de mediano plazo baje, dada la lentitud de la política fiscal en reducir el déficit, el papel de los shocks de precios relativos en la dinámica inflacionaria ha sido poco entendido o directamente descalificado. La negación o relativización de la importancia de contar con algún ancla nominal de corto plazo en la transición, llevó a que se leven anclas disponibles que no se deberían haber sacrificado.
Entre ellas, la economía tenía un ancla en materia de formación de precios que era deflacionar los precios de los combustibles líquidos para transporte, por convergencia a los precios internacionales. Esta opción fue a mi entender lamentablemente sacrificada en el altar de una operación de transición del sector petrolero que le cuesta casi 2 puntos del PBI a la economía.
Esta desatención de la dinámica de precios no es gratis para la propia estrategia antiinflacionaria. Ha quedado consagrada en un aumento de tarifas del abril que fue innecesariamente oneroso para los hogares (en gas natural por ejemplo) y podría haber sido diluido en el tiempo (no había necesidad de hacer ahora lo de Aguas).
Los costos son, entre otras cosas, que el BCRA esté ahora peleando una batalla de credibilidad sobre la inflación futura que no se ve bien a juzgar por las tasas de interés de más de 6 meses. Mi impresión es que, si bien esto era inevitable, podríamos haberlo hecho mucho mejor si nos hubiéramos acordado de lo mucho que han hecho los economistas argentinos para advertirnos de la dificultad de la dinámica inflacionaria.
