El próximo miércoles la CGT volverá a reunirse con el Gobierno y empresarios en la “mesa tripartita” por “la Producción y el Trabajo”. En su agenda ya se anotan reclamos para frenar importaciones, por la situación de los jubilados y la idea de una “tregua social” para parar los despidos por tres meses.
Será la continuidad de un diálogo que nunca se cortó, pese a la masiva movilización del viernes pasado al Congreso en que la central obrera se puso al frente de la demanda por la sanción de una ley de emergencia social. El proyecto busca mejorar la situación de las familias de menores recursos, con un aumento del 15% en la AUH y por Embarazo, y postula la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Con envión del papa Francisco, tuvo media sanción del Senado pero difícilmente pase por Diputados. La emergencia social no estuvo en ninguna mesa de discusión del oficialismo con las fuerzas con las que teje los acuerdos parlamentarios.
“Es una ley livianita”, dicen en el oficialismo parlamentario en alusión a que nada dice de las fuentes de financiamiento (unos $12 mil millones). Cambiemos se apresta a usar su tercio de la Cámara para bloquear un tratamiento sobre tablas que debería ser habilitado por los dos tercios. Llegado el momento se trata de hacer pagar costo político al Gobierno, con un eventual veto de Mauricio Macri.
“Es un proyecto voluntarista, no se crean 1 millón de puestos de trabajo por ley”, admitieron. Pero allí marchó la CGT, acusada hace sólo 15 días por las CTA en un acto en Plaza de Mayo, de haberse “bajado los pantalones” ante el Gobierno este año.
La CGT empujó meses atrás la ley antidespidos, pero después poco o nada dijo sobre el veto de Macri. Tampoco hizo bulla ahora que el Gobierno postergó Ganancias, “el impuesto al salario” para 2017. Los caciques sindicales negociaron y mucho: en agosto se les reconoció la deuda histórica por $ 30 mil millones a las obras sociales sindicales por fondos retenidos (por ley a cada trabajador) para tratamientos especiales. Y consiguieron unos $5 mil millones en efectivo.
Pero la situación social es acuciante, por la inflación que persiste, la pérdida de empleo y el parate de la economía. Los gremios sienten “la presión de las bases”. Más allá de la emergencia social, la movida del viernes sirvió para descomprimir. Y fue un mensaje fuerte al gobierno.
“No querían paro en el primer año de gestión, y la CGT no quería ser señalada como desestabilizadora, que le recuerden los 13 paros generales a Alfonsín. Pero si las cosas no cambian el año que viene las cosas pueden ser muy diferentes”, sostienen en un gremio dialoguista, pero de los más castigados por la recesión.
