En la reciente represión en el Congreso, las acciones de las fuerzas de seguridad no se limitaron a las calles, sino que continuaron de manera sistemática dentro de las cárceles federales. La denuncia de los detenidos es un grito desesperado contra una maquinaria represiva que parece no tener freno. Los testimonios de Matías Ramírez y Remigio Ocampo, entre otros, revelan un escenario de abuso y violaciones a los derechos humanos que debería alarmar a toda la sociedad.
Matías Ramírez, un vendedor ambulante que fue detenido injustamente, narra su experiencia en el penal de Ezeiza, donde junto con otros detenidos, fue víctima de gas pimienta, desnudos forzados e interrogatorios violentos. El mismo patrón de abuso se repitió en el penal de Marcos Paz, según los testimonios recopilados. La violencia física y psicológica sufrida por estos detenidos es inaceptable y refleja una sistematicidad preocupante en el trato que reciben los presos.
Estos incidentes ponen en evidencia la brutalidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que opera bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad. La uniformidad de las preguntas y el trato en diferentes penales sugieren una posible instrucción desde niveles superiores, lo que agrava la responsabilidad de las autoridades.
El caso de Remigio Ocampo y su familia, detenidos sin justificación y sometidos a violencia verbal en Marcos Paz, resalta la arbitrariedad y el abuso de poder. Remigio, un vendedor de empanadas, describe la angustia de ver a su hija y nieta en medio de esta pesadilla. Este tipo de violencia no solo afecta a los detenidos, sino que destruye el tejido social y familiar, generando miedo y desconfianza en las instituciones que deberían protegernos.
La reacción de las autoridades judiciales y del fiscal Carlos Stornelli, con acusaciones desmedidas y sin pruebas concretas, es otro componente alarmante de esta situación. La lista de delitos imputados parece más una táctica intimidatoria que una búsqueda genuina de justicia. Las apelaciones de los defensores subrayan la falta de fundamento en las acusaciones y el peligro de establecer precedentes peligrosos para la protesta social.
La violencia y el miedo utilizados como herramientas de control social son incompatibles con una democracia que se precie de serlo. Las autoridades deben rendir cuentas por estos abusos, y es fundamental una investigación independiente que esclarezca los hechos y castigue a los responsables.
