Hay fallos que cierran una discusión.Y hay fallos que abren muchas más preguntas de las que responden. La decisión adoptada por el juez de Control y Garantías Gastón Merino en el caso Fürth pertenece, claramente, a la segunda categoría.
Es un hecho que el destino de Merino está marcado. Nadie en los pasillos de la Justicia entiende cómo dejó en libertad a todos los imputados en el escándalo por el desfalco a la agencia de automotores Furth. No hay explicación alguna.
"Puso el proceso en riesgo supino", aseguran litigantes y querellas al ver azorados como no hay garantía procesal alguna de resguardo de las pruebas.
El magistrado rechazó los pedidos de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano. Para recuperar la libertad, Caro y Llado deberán constituir cauciones de $70 millones cada uno y Moyano una de $20 millones. También se establecieron restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes.
Precisamente porque la Justicia debe respetar garantías, debe explicar con extraordinaria claridad por qué considera suficientes determinadas garantías procesales frente a una causa de esta magnitud.
Y allí aparece el problema.
¿Qué tiene que pasar entonces?
La Fiscalía había pedido prisión preventiva. No por una contravención. No por un episodio aislado. No por un conflicto comercial ordinario.
La hipótesis acusatoria sostiene que las presuntas maniobras habrían comenzado en 2024 y se habrían extendido hasta el primer semestre de 2026. Los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortes incorporaron además la imputación de asociación ilícita, una calificación rechazada por las defensas. Según la acusación fiscal, el perjuicio bajo investigación superaría los $6.900 millones, aunque esa cifra todavía debe ser determinada y probada dentro del expediente.
La querella, por su parte, presentó números también impactantes: sostuvo que Fürth Automotores habría desembolsado ya alrededor de $5.300 millones y planteó además interrogantes sobre decenas de vehículos cuya situación forma parte de la investigación.
Es frente a semejante cuadro que surge una pregunta inevitable:
¿qué nivel de gravedad debe alcanzar una investigación para que la prisión preventiva sea considerada necesaria?
La pregunta no supone reclamar cárcel por clamor popular. Supone interrogar a una institución sobre la coherencia de sus decisiones.
Porque si una investigación incluye un perjuicio económico extraordinario, múltiples imputados, operaciones presuntamente desarrolladas durante un período prolongado y una acusación fiscal que llegó hasta la figura de asociación ilícita, la decisión de permitir que los principales imputados continúen el proceso en libertad exige una fundamentación especialmente robusta.
Mucho más robusta que una cifra escrita en una caución.
$70 millones impresionan. Pero no responden la pregunta
Seguramente habrá quienes miren las fianzas y consideren que son extraordinarias. Lo son.
Setenta millones de pesos no constituyen una suma menor. Pero esa discusión puede conducir a una peligrosa confusión.
Una caución no es una pena. Tampoco debería convertirse en el precio de una libertad procesal.
Su función es garantizar que el imputado permanezca sometido a la Justicia.
Por eso la verdadera discusión no consiste en determinar si $70 millones parecen mucho o poco.
La discusión es saber si esas cauciones neutralizan efectivamente los riesgos que llevaron a la Fiscalía a solicitar las prisiones preventivas.
¿Existe posibilidad de fuga? ¿Existe posibilidad de contacto con testigos? ¿Queda documentación por asegurar? ¿Podría alterarse algún elemento probatorio?
¿Existen relaciones entre los distintos imputados que puedan afectar el avance de la causa? ¿Está toda la prueba relevante ya bajo custodia judicial?
Esas son las preguntas importantes.
Porque si la respuesta es que no existen riesgos procesales suficientes, entonces corresponde conocer los fundamentos.
Y si esos riesgos existen pero pueden neutralizarse mediante medidas menos gravosas que la prisión, también corresponde explicarlo con precisión.
Eso es lo que una causa de esta trascendencia exige.
La Justicia no puede pedir un cheque en blanco
Existe cierta tendencia a considerar que cuestionar una resolución judicial implica atacar la independencia del Poder Judicial.
Es exactamente al revés.
Una Justicia verdaderamente independiente debe ser capaz de soportar el escrutinio público.
La autoridad de una sentencia o de una resolución no proviene solamente del cargo de quien la firma. También proviene de la calidad de sus fundamentos.
Y cuanto más sensible es un expediente, mayor es esa obligación. El Poder Judicial no puede pedirle a la sociedad confianza automática.
Debe construirla.
La asociación ilícita no era un detalle
La Fiscalía incorporó una imputación particularmente grave.
Sostuvo que existían elementos para investigar una posible asociación ilícita y señaló a Caro como presunto jefe u organizador, mientras que Llado y Moyano fueron sindicados dentro de esa hipótesis como presuntos integrantes. Las defensas cuestionaron duramente esa construcción jurídica.
Hasta aquí, normalidad procesal. La Fiscalía acusa. La defensa contradice. El juez decide.
Pero precisamente porque las interpretaciones son tan diferentes, la fundamentación judicial adquiere enorme importancia.
No estamos ante una discusión menor sobre la extensión de un plazo.
Estamos ante dos visiones radicalmente distintas de una investigación.
Para los fiscales, había elementos suficientes para pedir prisión preventiva y sostener una figura asociativa.
Para las defensas, no.
Merino terminó rechazando las prisiones preventivas.
Entonces ahora corresponde algo más que conocer quién ganó una audiencia.
Corresponde conocer por qué.
Las personas que se consideran damnificadas también tienen derechos
Existe otro punto que suele quedar enterrado debajo del lenguaje técnico.
Detrás de las cifras existen personas. Detrás de los expedientes existen historias. Detrás de los vehículos, pagos, transferencias y operaciones investigadas existen particulares que esperan una respuesta. Ellos no tienen derecho a exigir una condena.
Tampoco pueden decidir quién debe permanecer detenido.
Pero sí tienen derecho a esperar que la Justicia trate sus denuncias con rigor.
Y tienen derecho a comprender qué está ocurriendo.
Cuando las decisiones resultan difíciles de entender, la distancia entre Justicia y sociedad se amplía.
Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, aparece el peor enemigo de cualquier sistema judicial:
la sospecha.
No necesariamente porque exista algo irregular.
Sino porque nadie explicó suficientemente por qué ocurrió lo que ocurrió.
El expediente sigue. La pregunta también
El caso Fürth continúa. Las pruebas deberán ser analizadas. Las cifras deberán ser determinadas.
Las responsabilidades deberán individualizarse.
La acusación deberá demostrar sus afirmaciones.
Las defensas podrán refutarlas.
Y eventualmente un tribunal deberá resolver.
Pero precisamente por eso sorprende todavía más la dimensión de la decisión adoptada ahora.
Porque estamos en medio de una investigación que, según lo que han expuesto públicamente Fiscalía y querella, está lejos de ser trivial.
Y frente a semejante escenario, resulta inevitable preguntar:
¿estuvo la resolución a la altura de la causa?
Justicia no es impunidad. Pero tampoco es espectáculo
No queremos una Justicia que pueda terminar transmitiendo la sensación de que, frente a expedientes gigantescos, todo puede resolverse con una caución y algunas restricciones.
Porque cuando la sociedad percibe que existe una Justicia para los grandes expedientes y otra para los pequeños ciudadanos, el daño institucional es profundo.
Merino decidió. Ahora su decisión debe convencer
El juez Gastón Merino ejerció una facultad que le corresponde.
Nadie debería discutir eso.
Lo que sí corresponde discutir —y con toda la intensidad necesaria— es el contenido y la razonabilidad de esa decisión.
Porque independencia judicial no significa ausencia de control público.
No alcanza con decir que las cauciones son altas.
¿por qué, en este expediente concreto, con estas cifras, esta cantidad de hechos bajo investigación y esta hipótesis fiscal, mantener a los imputados en libertad no pone en riesgo el proceso?
Esa es la discusión.
Y hasta que esa respuesta resulte completamente convincente, la resolución seguirá dejando una sombra incómoda sobre uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos tiempos.
No porque la Justicia deba condenar antes de tiempo.
Sino porque cuando decide liberar, también tiene la obligación de convencer.
Y en una causa de esta dimensión, una Justicia que deja más dudas que certezas inevitablemente queda bajo examen.
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