Unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento petrolero Sea Lion se prepara para entrar en una etapa decisiva. Fue descubierto hace dieciséis años y, si se cumplen los planes anunciados, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028.

En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. La inversión prevista ronda los 1800 millones de dólares, las licencias fueron extendidas por el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas.

No estamos, por lo tanto, frente a una nueva campaña exploratoria ni ante un anuncio lejano. Estamos frente a la decisión de comenzar a extraer, durante décadas, un recurso natural no renovable de un área incluida en una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La diferencia no es menor. Una plataforma de exploración puede retirarse, una campaña puede terminar. El petróleo extraído, en cambio, no vuelve al subsuelo. Por eso, el avance del proyecto Sea Lion hacia la explotación comercial representa uno de los hechos más graves ocurridos en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas desde 1982.

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En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades hidrocarburíferas, inhabilitó empresas, promovió acciones judiciales y formuló protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades, consideradas ilegales en 2012, y al año siguiente fue inhabilitada por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. Pero el proyecto Sea Lion siguió avanzando y, en agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios y acelerar nuevas fases.

No estamos ante una explotación marginal, sino ante una actividad petrolera de gran escala y largo plazo en el Atlántico Sur. La etapa que ha alcanzado Sea Lion exige ampliar la estrategia argentina.

El gobierno argentino acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece y amplía considerablemente las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, y alcanza también a accionistas y proveedores. La iniciativa profundiza una estrategia que nuestro país ya viene aplicando desde hace años: intentar hacer valer el ordenamiento jurídico argentino frente a las actividades no autorizadas en el área en disputa. Pero las sanciones y las inhabilitaciones existentes no impidieron que Sea Lion avanzara hacia la explotación comercial.