Mariano Cúneo Libarona dice que el femicidio es "inconstitucional" porque "es solo para la mujer" y propone reformularlo en clave "hombricidio y femicidio". El debate no es semántico: toca el nervio del sistema legal, reordena prioridades del Estado y redefine qué violencia se nombra… y cuál se vuelve a esconder.
No es una discusión de palabras: es una discusión de poder
Cuando un ministro discute el femicidio, no está discutiendo solo un renglón del Código Penal. Está discutiendo el modo en que el Estado reconoce (o no) que existe violencia letal vinculada a relaciones de dominación por género. Y esa discusión es política, cultural y judicial a la vez.
El término "hombricidio" opera, de entrada, como un espejo: pretende reflejar simetría. Pero el derecho penal no se construye con espejos, sino con tipos penales: descripciones precisas, elementos objetivos, elementos subjetivos y contexto interpretativo.
La clave está en separar dos planos:
- Igual valor de toda vida humana (principio ético y constitucional),
- Diferentes patrones sociales de violencia (hecho empírico que el derecho puede decidir nombrar para poder probar, perseguir y sancionar mejor).
Ahí es donde la frase "inconstitucional" deja de ser una chicana y se vuelve una bomba: porque si de verdad fuese inconstitucional, el edificio tiembla. Pero si no lo es, lo que tiembla es la confianza pública: se instala la idea de que la norma "está mal", aunque el sistema la sostenga.
Por qué existe el femicidio: la ley como respuesta a una urgencia social
El femicidio no nació como "capricho": nació como respuesta penal a una evidencia persistente: mujeres asesinadas por varones en contextos de violencia de género, muchas veces tras historias previas de control, amenazas o agresiones.
Los números ayudan a no discutir en el aire. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2024 hubo 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado (247 víctimas letales de violencia de género).
En promedio: una víctima directa cada 39 horas (y una muerte por violencia de género cada 36 horas si se incluyen las vinculadas).
Esos datos no "cierran" el debate jurídico, pero lo ordenan. Porque discutiendo "igualdad" sin mirar el patrón real, el riesgo es legislar contra un fantasma mientras la realidad sigue cobrando víctimas.
Leyes como sistema nervioso (y el riesgo de tocar sin diagnóstico)
Las leyes son, de verdad, el sistema nervioso de la sociedad.
No porque sean perfectas, sino porque conectan dolor con respuesta, conflicto con orden, tragedia con límite.
Cuando un ministro propone tocar una figura como el femicidio —nacida de una urgencia social y sostenida por datos que se repiten año tras año— conviene desconfiar del bisturí de la consigna. "Igualdad" puede ser medicina o puede ser martillo. Depende de cómo se use: para corregir injusticias o para negar realidades.
Si el cambio es solo retórico, el riesgo es doble: desordenar la interpretación judicial y re-ocultar un patrón de violencia que el Estado tardó décadas en admitir como tal.
Si el cambio fuese técnico y serio, debería llegar con algo más que una palabra espejo: debería traer precisión, compatibilidad constitucional y, sobre todo, una política pública que llegue antes del crimen.
Porque cuando tocas el sistema nervioso sin diagnóstico, el cuerpo no sana: se defiende.
Y, en esa defensa, suele volver a doler donde siempre.
