La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, como sucede cada cuatro años, millones de argentinos se preparan para vivir una pasión que atraviesa generaciones, clases sociales e ideologías. El fútbol, en la Argentina, es mucho más que un deporte: es identidad, emoción colectiva y, muchas veces, refugio frente a las dificultades cotidianas.
Sin embargo, cuando quienes ocupan cargos públicos deciden viajar para presenciar la máxima cita futbolística del planeta, la discusión deja de ser deportiva para convertirse en una cuestión ética y política.
El presidente Javier Milei sostuvo inicialmente que no asistiría al Mundial, argumentando que debía concentrarse en la gestión. Sin embargo, posteriormente confi rmó que viajará el 4 de julio para acompañar a Donald Trump en el aniversario de Estados Unidos como invitado. De ahí a estar en “modo Mundial” hay medio paso. Se verá lo que pasa.
Del otro lado del espectro político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó una decisión opuesta y pidió a los integrantes de su gabinete que no concurran al torneo. Mientras tanto, un intendente santafesino defendió públicamente su asistencia argumentando que viajará con amigos, como lo hace habitualmente, para desconectarse durante quince días.
Las tres posturas reflejan distintas miradas sobre una misma cuestión: qué nivel de ejemplaridad debe exigirse a quienes administran recursos, decisiones y expectativas de la sociedad.
Legalmente, cuestionamientos pocos podrían formularse si los viajes son solventados con recursos propios y se cumplen las formalidades administrativas correspondientes. Pero la ética pública no se limita al cumplimiento de la ley. Existe también una dimensión simbólica que resulta imposible ignorar.
En momentos en que millones de argentinos ajustan gastos, postergan consumos, resignan proyectos o ven deteriorarse su capacidad de ahorro, las imágenes de dirigentes disfrutando de un evento que representa un privilegio económico para gran parte de la población inevitablemente generan ruido social. No porque el funcionario deba vivir en la austeridad absoluta ni porque pierda su condición humana al asumir un cargo, sino porque toda acción pública transmite un mensaje.
"Lo que los ciudadanos difícilmente perdonan es que quienes gobiernan viven una situación distinta a la que atraviesa el pueblo, sus representados".
La política siempre ha convivido con el delicado equilibrio entre el derecho individual y la responsabilidad institucional. Lo que para un ciudadano común puede ser una decisión privada, para un funcionario se convierte automáticamente en un hecho político. Quien gobierna no solo administra recursos: también administra símbolos.
Por eso la decisión de Kicillof apunta a un concepto clásico de la función pública: la percepción social importa. No alcanza con hacer las cosas correctamente; también es necesario evitar que la ciudadanía interprete una desconexión entre las prioridades de quienes gobiernan y los problemas de quienes son gobernados.
La cuestión adquiere una relevancia adicional en un país históricamente acostumbrado a que los grandes acontecimientos deportivos funcionen como pausas emocionales frente a las crisis. Los Mundiales suelen convertirse en momentos de tregua colectiva, espacios donde la preocupación cotidiana queda temporalmente suspendida detrás de una camiseta y una ilusión compartida.
No hay nada reprochable en ello. El problema aparece cuando la dirigencia parece aprovechar esa suspensión para alejarse física o simbólicamente de las difi cultades que continúan afectando a la sociedad. La discusión, en definitiva, no es sobre fútbol. Tampoco sobre la legitimidad del descanso. Es una discusión sobre prioridades, sensibilidad y liderazgo.
Porque los ciudadanos, muchas veces la dimensión ética es tan importante como la legal; suelen tolerar errores de gestión, diferencias ideológicas e incluso incumplimientos de promesas. Lo que difícilmente perdonan es la sensación de que quienes los gobiernan viven una realidad distinta.
En tiempos complejos, la ejemplaridad se convierte en un activo político tan valioso como la eficacia. Y muchas veces una fotografía, un viaje o una decisión aparentemente menor pueden comunicar mucho más que un discurso.
Quizás por eso, en medio de un Mundial, la verdadera competencia no sea la que se disputa dentro de una cancha. También se juega afuera, donde la dirigencia debe demostrar que comprende el momento histórico que atraviesa la sociedad a la que representa.
La tolerancia hacia conductas que parecen evidenciar una falta de compromiso con la realidad social debería encontrar su límite cuando esas acciones afectan la confianza pública. La función pública no es un empleo cualquiera: implica administrar recursos, tomar decisiones que impactan en millones de personas y representar institucionalmente al Estado. Por ello, la sociedad suele exigir estándares de conducta más elevados que los requeridos para un ciudadano común.
El problema surge cuando existe una evidente contradicción entre el discurso y la conducta, o cuando transmiten indiferencia frente a las dificultades que atraviesan los ciudadanos. Un gobernante que pide mientras exhibe privilegios, o que reclama austeridad mientras adopta comportamientos que sugieren desconexión con la realidad, erosiona su propia autoridad moral.
La historia ofrece numerosos ejemplos de líderes que comprendieron que el ejercicio del poder exige también una cuota de ejemplaridad. No porque deban renunciar a su condición humana, sino porque la legitimidad política no se sostiene únicamente con votos o resultados económicos. También se construye mediante gestos, símbolos y actitudes.
En este sentido, la falta de compromiso social no siempre se manifiesta en actos de corrupción o negligencia administrativa. A veces aparece en cuestiones más sutiles: la ausencia ante momentos críticos, la priorización de intereses personales por sobre responsabilidades institucionales, o la incapacidad de percibir cómo determinadas conductas son interpretadas por una sociedad que atraviesa dificultades.
La tolerancia democrática debe ser amplia, pero no ilimitada. Una ciudadanía madura puede hacer sacrificios, aceptar errores, diferencias ideológicas e incluso decisiones impopulares. Lo que resulta más difícil de tolerar es la sensación de que quienes gobiernan han perdido empatía con aquellos a quienes deben servir.
En definitiva, el límite debería ubicarse allí donde la conducta del funcionario deja de ser una cuestión privada para convertirse en una demostración de desapego hacia las necesidades colectivas. Porque la política no solo consiste en administrar; también consiste en representar. Y representar implica comprender que, en determinados momentos históricos, el ejemplo vale tanto como la gestión.
Quizás la pregunta de fondo no sea si un funcionario tiene derecho a viajar al Mundial, tomarse vacaciones o desconectarse unos días. La verdadera pregunta es si puede hacerlo sin que la sociedad perciba que él vive una realidad muy distinta de aquella que experimentan diariamente los ciudadanos. Cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, la confi anza comienza a quebrarse.
