El reciente anuncio del Gobierno de Javier Milei de intimar a más de 10.000 empleados públicos a iniciar su trámite de jubilación ha generado una amplia discusión sobre las verdaderas intenciones detrás de esta medida. El Ejecutivo, en su esfuerzo por garantizar el "déficit cero", ha puesto en marcha una política que, en teoría, busca optimizar el uso de los recursos humanos y reducir la estructura estatal. Sin embargo, detrás de este objetivo de eficiencia, surge la pregunta: ¿es realmente una política de modernización o se trata de un ajuste masivo encubierto?
La resolución que ordena esta jubilación masiva, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, abarca a ministerios, organismos descentralizados e incluso empresas y sociedades del Estado. Bajo el discurso de mejorar la transparencia, agilidad y eficacia del Estado, el gobierno justifica la medida con la necesidad de reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal. Pero, al leer entre líneas, parece claro que la verdadera motivación está relacionada con equilibrar las cuentas públicas, lo que levanta sospechas de que el foco no está en la eficiencia, sino en el ajuste presupuestario.
Uno de los puntos más discutibles de esta política es que, aunque muchos empleados ya cumplen con los requisitos para jubilarse (65 años para los hombres y 60 para las mujeres con 30 años de aportes), la resolución no considera la posible pérdida de experiencia y conocimiento que estos trabajadores aportan a sus respectivas áreas. En organismos clave como la ANSES, por ejemplo, la jubilación masiva de personal podría generar vacíos de gestión que no se llenan fácilmente con nuevas contrataciones, ya que la experiencia acumulada en años de trabajo es invaluable.
Por otro lado, el argumento de que el Estado está sobredimensionado es recurrente en las políticas de ajuste, pero pocas veces se analiza de manera crítica si el problema es realmente la cantidad de empleados o, más bien, la falta de inversión en capacitación y modernización de los recursos públicos. Si el objetivo es mejorar la eficiencia del sector público, ¿por qué no invertir en la formación continua de los empleados actuales en lugar de presionarlos a jubilarse?
Asimismo, la política de intimar a la jubilación no debe ser vista de manera aislada. En el contexto de un país con problemas económicos, donde las políticas de ajuste han afectado sectores estratégicos como la salud y la educación (que hasta el Banco Mundial le pidió al Gobierno que no descuide esos sectores) resulta difícil no ver esta medida como parte de una serie de recortes que buscan reducir el gasto público a toda costa. La pregunta que debemos hacernos es si este es el camino correcto para un Estado que, más allá de sus problemas, sigue siendo fundamental para garantizar derechos y brindar servicios esenciales.
Finalmente, es importante destacar que si bien el déficit fiscal es un problema que debe ser atendido, las soluciones rápidas y mal planificadas pueden generar más perjuicios que beneficios a largo plazo. La jubilación masiva de empleados públicos sin una planificación adecuada puede debilitar aún más el funcionamiento de un Estado ya frágil, afectando la calidad de los servicios públicos y perpetuando la percepción de que el Estado es ineficiente, cuando en realidad lo que se necesita es una verdadera modernización, no un simple ajuste.
DS
