El PAMI Santiago del Estero ya no necesita comunicados prolijos. Necesita respuestas.
No respuestas de ocasión. No frases lavadas. No posteos de auto celebración. No operaciones de prensa. No explicaciones de pasillo. Respuestas documentadas, firmadas, verificables y públicas.
Porque lo que está en juego no es la comodidad política de tres funcionarios ni la supervivencia de un esquema interno de poder. Lo que está en juego es la vida cotidiana de jubilados, pensionados y personas con discapacidad que dependen del organismo para conseguir medicamentos, turnos médicos, prótesis, sondas, descartables, pañales y prestaciones básicas.
Y cuando un jubilado depende de un trámite para seguir viviendo con dignidad, la burocracia no puede comportarse como una aduana de castigo.
En el centro de esta crisis aparecen tres nombres: Luis Horacio Ochoa, titular de la Dirección Ejecutiva Local de la UGL XIX; Marcela Patricia Becker, trabajadora de carrera con funciones jerárquicas en el Departamento Médico; y Martín Manzur, asignado al Departamento Administrativo.
Según versiones internas y políticas que circulan en torno al organismo, los tres integrarían el núcleo duro de decisiones del PAMI Santiago. Un triángulo de poder que hoy debe explicar mucho más que una mala gestión: debe explicar si cumplió con los requisitos documentales que el propio Instituto exigió para ocupar, ejercer o modificar funciones sensibles.
Porque acá aparece la pata que no se puede barrer debajo de la alfombra: las declaraciones juradas.
Ochoa: si la declaración jurada era obligatoria, mostrarla no debería ser un problema
Luis Horacio Ochoa fue designado para desempeñar tareas en la Unidad de Gestión Local XIX Santiago del Estero y se le asignaron las funciones de titular de la Dirección Ejecutiva Local. La resolución oficial le fijó una carga horaria de 45 horas semanales. Pero el dato más relevante no está en el cargo: está en la condición de ingreso. El acto administrativo estableció que debía completar, en forma obligatoria y antes de ingresar, la Declaración Jurada Pre Ingreso - Incompatibilidades; además, advirtió que vencido el plazo quedaría sin efecto la designación.
Ese dato alcanza para formular una pregunta brutalmente simple: ¿Ochoa presentó esa declaración jurada?
Si la presentó, que PAMI lo informe.
No se puede conducir un organismo que atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad con papeles bajo sospecha. No se puede pedir paciencia a los jubilados mientras la conducción local ni siquiera transparenta los requisitos que debió cumplir para sentarse en el cargo.
Ochoa no administra una oficina cualquiera. Administra una estructura de salud pública para adultos mayores. Cada decisión que se demora abajo tiene una firma política arriba.
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Manzur: la incompatibilidad no es un chisme, es una pregunta institucional
El caso de Martín Manzur es todavía más delicado. Su resolución oficial lo designó en la UGL XIX y le asignó funciones como titular del Departamento Administrativo, también con 45 horas semanales. Pero además le exigió completar la Declaración Jurada Pre Ingreso - Incompatibilidades y dejó su incorporación sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción sobre el cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial.
Acá no hay margen para hacerse el distraído.
Si Manzur mantuviera o hubiera mantenido vínculos gerenciales, comerciales, administrativos o ejecutivos con una empresa privada de venta de materiales, como indican versiones, la pregunta no es maliciosa. Es obligatoria.
¿Lo declaró?
¿Pidió licencia?
¿Se desvinculó?
¿Informó esa actividad al PAMI?
¿La Oficina Anticorrupción tomó intervención?
¿Recursos Humanos verificó el cumplimiento?
¿Existe o no existe incompatibilidad?
No se afirma aquí que la incompatibilidad esté probada. Lo que se afirma es más fuerte: su propia designación lo puso bajo control de incompatibilidades y patrimonio.
Entonces, que aparezcan los papeles.
Porque si no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Y si hay algo que explicar, más vale explicarlo antes de que la sospecha se convierta en marca registrada de la conducción local.
Becker: el área médica también debe rendir cuentas
Marcela Patricia Becker no aparece como una recién llegada. Es trabajadora de carrera. Pero eso no la deja fuera del control. Al contrario: su rol es sensible porque fue asignada como titular de la División Operativa del Departamento Médico de la UGL XIX, con legajo Nº 61904, y la resolución estableció que debía presentar dentro de los diez días el Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y Actividades” para reflejar la modificación de su estado laboral.
El Departamento Médico no es un mostrador inocente. Por ahí pasan criterios, autorizaciones, auditorías, circuitos, prestaciones, rechazos, demoras y decisiones que impactan directamente en jubilados enfermos, pacientes crónicos y personas con discapacidad.
Por eso Becker también debe explicar. Por responsabilidad funcional.
Si tenía que presentar una declaración de cargos y actividades, PAMI debe informar si la presentó. Si la presentó, qué declaró. Si fue auditada, por quién. Si hubo cargos, actividades o situaciones que debieran ser evaluadas, que se transparenten.
El silencio no sirve. En este contexto, el silencio no protege: compromete.
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La declaración jurada no era decoración administrativa
La Resolución 1938/2024 del PAMI aprobó el formulario obligatorio de Declaración Jurada Pre Ingreso - Incompatibilidades para postulantes al Instituto. El formulario exige declarar bajo juramento que no se está alcanzado por incompatibilidades ni conflictos de intereses, y obliga a informar cualquier situación sobreviniente dentro de las 48 horas. También incluye una cláusula especialmente sensible: el declarante debe manifestar que no dirige, administra, participa, representa, patrocina, asesora ni presta servicios a quien gestione, sea proveedor o tenga concesión del Estado o del Instituto.
Traducido al idioma de la calle: el PAMI no quería empleados o funcionarios entrando con intereses cruzados, negocios paralelos no declarados o vínculos privados incompatibles con la función pública.
Entonces, que nadie se ofenda por la pregunta.
Si el Instituto exigió esas declaraciones, el Instituto debe poder demostrar que fueron presentadas, revisadas y controladas. Y si no puede demostrarlo, el problema no está en quien pregunta. El problema está en quien administra.
El drama no está en los papeles: está en los afiliados
La discusión documental sería grave en cualquier organismo. En PAMI es mucho peor, porque detrás de cada expediente hay una persona vulnerable.
Un jubilado que no accede a un medicamento esencial no está esperando un favor.
Una persona con discapacidad que necesita una sonda no está pidiendo un lujo.
Una familia que reclama pañales no está buscando privilegios.
Un paciente que necesita una prótesis no está haciendo política.
Un adulto mayor con turno postergado durante meses no está exagerando: está siendo empujado al abandono.
Según trascendidos, en la UGL XIX se habrían endurecido o modificado parámetros administrativos para la entrega de prótesis, sondas, descartables, pañales y otros insumos. Si eso ocurrió, PAMI debe informar quién lo ordenó, con qué norma, desde cuándo, con qué criterio médico y cuántos afiliados fueron afectados.
Y si no ocurrió, que lo demuestre.
La peor respuesta posible es la que viene dando la burocracia cuando se siente acorralada: callar, patear, negar en privado, operar en público y esperar que el tema se enfríe.
Pero este tema no se enfría. Porque los viejos no tienen tiempo para esperar a que una interna política acomode sus muebles.
El PAMI no puede ser una unidad básica libertaria
Otro frente es igual de delicado. Según versiones internas, habría empleados que se sentirían presionados, marginados o condicionados políticamente si no responden a sectores de La Libertad Avanza. La conducción local tiene la obligación de garantizar algo elemental: ningún trabajador del PAMI debe militar, aportar, callar o alinearse para conservar tranquilidad laboral.
El PAMI no puede ser una unidad básica libertaria.
El PAMI no es un botín.
Es la obra social de los jubilados.
Quien no entienda esa diferencia no está en condiciones de conducir nada.
La conducción política local de LLA debe decidir si carga con este costo
Según versiones políticas locales, sectores de La Libertad Avanza en Santiago del Estero estarían evaluando la situación del PAMI y la eventual necesidad de remover, desplazar o revisar funciones para intentar transparentar el organismo. Debe decirse en condicional porque no existe, hasta ahora, una resolución pública de remoción ni una decisión nacional oficializada.
Pero la discusión política ya está instalada.
Y es lógica.
Porque una fuerza política que recién intenta construir poder territorial no puede darse el lujo de quedar pegada a un PAMI señalado por prestaciones caídas, afiliados desbordados, médicos en alerta, empleados con temor y declaraciones juradas que nadie muestra.
Si la conducción local de LLA quiere despegarse de este pantano, tiene una sola salida: pedir auditoría, exigir papeles, revisar designaciones y cortar cualquier sospecha de uso partidario del organismo.
Lo demás es complicidad por omisión.
Las preguntas que no pueden seguir sin respuesta
PAMI Santiago debe responder:
¿Ochoa presentó su Declaración Jurada Pre Ingreso - Incompatibilidades?
¿Manzur presentó su Declaración Jurada Pre Ingreso - Incompatibilidades?
¿Manzur cumplió con la Declaración Jurada Patrimonial vinculada a la Oficina Anticorrupción?
¿Becker presentó el Formulario 161 de Declaración Jurada de Cargos y Actividades?
¿Esas declaraciones fueron auditadas?
¿Alguno declaró actividad privada, comercial, societaria, gerencial o profesional?
¿Hubo incompatibilidades sobrevinientes?
¿Se modificaron criterios para entregar prótesis, sondas, descartables, pañales u otros insumos?
¿Cuántos afiliados quedaron pendientes?
¿Cuántos reclamos se registraron?
¿Cuántos turnos fueron suspendidos o postergados?
¿Hubo denuncias internas por persecución política?
¿Se investigaron?
No son preguntas agresivas. Son preguntas elementales.
Agresivo es administrar silencio mientras los jubilados esperan.
Basta de esconderse detrás del expediente
El PAMI Santiago llegó a un punto intolerable.
Si las declaraciones juradas están, que las informen.
Si no están, que expliquen por qué.
Si no hay incompatibilidades, que lo acrediten.
Si hay vínculos privados, que los transparenten.
Si no hubo persecución interna, que garanticen protección laboral.
Si no hubo recortes disfrazados de criterios administrativos, que publiquen las normas.
Si hubo errores, que los corrijan.
Si hubo abuso de poder, que se vayan.
Sin épica. Sin relato. Sin victimización.
Porque acá las víctimas no son los funcionarios cuestionados. Las víctimas son los jubilados que no consiguen respuestas. Las personas con discapacidad que dependen de un insumo. Las familias que peregrinan oficinas. Los médicos que advierten que el sistema cruje. Los empleados que, si los trascendidos son ciertos, trabajan con miedo.
El triángulo de poder del PAMI Santiago debe entender algo básico: el Estado no está para blindar funcionarios. Está para proteger derechos.
Y cuando una conducción administra la fragilidad de los adultos mayores como si fuera una molestia, deja de ser una conducción discutible.
Pasa a ser un problema.
Ochoa, Becker y Manzur no necesitan defensa mediática. Necesitan papeles.
Declaraciones juradas. Auditorías. Informes. Criterios de prestaciones. Estadísticas de reclamos. Listados de turnos. Trazabilidad de autorizaciones. Respuestas institucionales.
Todo lo demás es humo.
El PAMI Santiago no les pertenece. No es una herencia personal, no es una caja política, no es una estructura de amigos ni una trinchera partidaria.
Pertenece a los jubilados.
Y cuando los jubilados quedan atrapados entre la enfermedad, la pobreza, la burocracia y el silencio, el periodismo tiene una obligación: señalar a los responsables, hacer las preguntas incómodas y no pedir permiso para incomodar.
Porque con el PAMI no se juega.
Y con los viejos, menos.
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