El reciente acuerdo entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para traspasar las competencias de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) marca una realidad preocupante: las provincias se están quedando sin subsidios mientras la AMBA sigue recibiendo apoyo financiero.
Desde el inicio de su mandato, Milei ha promovido un ajuste fiscal que ha tenido un impacto desigual en las distintas regiones del país. Mientras que Buenos Aires sigue beneficiándose de un sistema de transporte público con tarifas parcialmente subsidiadas, las provincias han visto cómo los subsidios, que ya eran limitados, se reducen aún más. La eliminación del Fondo Compensador del Interior (FCI) es una muestra clara de esta tendencia. Este fondo, que tenía un presupuesto de 102 mil millones de pesos en 2023, fue cortado en febrero, dejando a las provincias con solo 17 mil millones transferidos. Como resultado, los gobiernos provinciales han tenido que asumir la totalidad del costo de los subsidios al transporte, una carga que muchos de ellos simplemente no pueden sostener.
Esta situación ha llevado a que el costo del boleto de colectivo en el interior del país sea significativamente más alto que en Buenos Aires. Mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires continúan pagando tarifas relativamente bajas gracias a los subsidios que ahora deberá asumir el gobierno porteño, los ciudadanos de las provincias enfrentan boletos mucho más caros y un servicio de transporte cada vez más deteriorado. Esta disparidad no solo es injusta, sino que también refleja una falta de visión federal en la distribución de los recursos del Estado.
El acuerdo firmado por Milei y Macri puede parecer un paso hacia un mayor ordenamiento y eficiencia en la administración de los recursos, pero en realidad, refuerza la desigualdad existente entre la capital y el resto del país. Las provincias, que ya enfrentan desafíos económicos y fiscales significativos, se ven ahora obligadas a cargar con la responsabilidad total de su sistema de transporte, sin el respaldo que sigue recibiendo la Ciudad.
Además, la eliminación de los subsidios en las provincias no solo afecta a los usuarios del transporte público, sino que también tiene implicaciones más amplias para la movilidad, la economía local y el acceso a servicios básicos. En muchas provincias, donde los salarios son más bajos y las distancias más grandes, el transporte público es una necesidad fundamental, no un lujo. Al reducir los subsidios, se está penalizando a aquellos que ya tienen menos recursos, exacerbando las desigualdades regionales.
¿A qué costo?
Es simple, al costo de los recursos provinciales, los ciudadanos de la Capital Federal se ven beneficiados por el simple título de nobleza que al parecer les otorga el haber nacido o radicarse en la Ciudad de Buenos Aires; sin embargo, las provincias del interior del país siguen luchando para recibir igualdad y federalismo, cosas que el presidente de la Nación parece no comprender.
El caso del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ha anunciado su intención de llevar su reclamo ante la Corte Suprema, subraya la gravedad de la situación. Su lucha no es solo por la Provincia de Buenos Aires, sino que representa el descontento creciente de muchas otras provincias que se sienten relegadas y desatendidas por el gobierno nacional.
En conclusión, el traspaso de las competencias de los colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las provincias ven reducidos sus subsidios, es una muestra más de las inequidades en la distribución de los recursos públicos en Argentina durante la gestión —para unos pocos— de Javier Milei.
DS, Nuevo Diario
