En apenas tres días hábiles, el Concejo Deliberante de La Banda encaminó el despacho de mayoría del Presupuesto 2026, un plan de gastos y recursos que supera los $64.000 millones. La velocidad del trámite, la ausencia del secretario de Economía y el uso del Artículo 152 (urgencia y "cláusula del silencio") exponen un dilema institucional: ¿Los concejales representan al pueblo o administran la agenda del Ejecutivo?
La cronología: Un año de gasto público, "resuelto" en 72 horas
El proyecto ingresó al Concejo Deliberante el viernes 9 de enero; comenzó a tratarse el pasado lunes y se entabló en comisión el martes 13. La comisión ampliada aseguró analizar el texto, pero no se firmó despacho por diferencias entre bloques.
Ayer, miércoles 14, se anticipó que se buscaba emitir despacho y que para ello debían reunir cuatro firmas.
En ese marco, con 4 votos positivos contra 3 en minoría, se aprobó el despacho del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo y no sería una discusión "más": Sería la consolidación de un método. El método de la aprobación rápida, con cambios menores, camino a la sesión de este viernes.
El propio debate público alrededor del expediente ya dejó en claro una magnitud: el proyecto prevé erogaciones superiores a $64.000 millones.
Cuando se discute una cifra de esa escala, el Concejo no está votando "un papel": Está autorizando el modo en que el Municipio financiará y ejecutará: salarios y estabilidad de la planta, servicios esenciales (alumbrado, higiene, mantenimiento), obra pública y prioridades territoriales, gasto social, compras y contrataciones y eventuales reasignaciones internas de partidas.
Por eso, la frase "lo estudiamos en profundidad en tres días" no es solo inverosímil, es institucionalmente peligrosa. Un presupuesto se audita, se cruza, se compara, se desagrega; no se "lee" a las apuradas.
Sin el funcionario clave: Control sin respuestas
En la reunión de comisión del martes participó la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, y se recordó que se había solicitado la presencia del secretario de Economía Javier Salomón, quien no asistió por estar de vacaciones.
Esto no es menor. En un presupuesto, el secretario de Economía no es "un invitado": Es el responsable político y técnico de explicar supuestos, prioridades y números finos.
Artículo 152: La urgencia como presión y la "cláusula del silencio"
El núcleo político de esta historia está en el artículo 152 de la Carta Orgánica de La Banda. Ese artículo permite al Ejecutivo enviar proyectos con pedido de urgente tratamiento: 30 días para proyectos en general y 45 días para el Presupuesto. Y agrega la frase que cambia el juego: "Se tendrá por aprobado" el proyecto urgente que no sea expresamente desechado dentro del plazo.
Traducido: El Ejecutivo instala un reloj.
Y cuando el reloj manda, el debate se degrada: Se discute para "no quedar pegados" al silencio, no para mejorar el presupuesto.
Además, el artículo también marca una asimetría: El Concejo no puede dejar sin efecto el trámite de urgencia en el caso del Presupuesto (la excepción está escrita).
En otras palabras: En presupuesto, el Ejecutivo pide urgencia y el Concejo queda con menos margen político para recuperar la normalidad del trámite.
Y la Carta Orgánica es explícita sobre el deber de los secretarios, que están obligados a concurrir al recinto o a comisiones cuando el Concejo lo solicita, con citación previa (salvo urgencia calificada).
Si el Concejo exigía profundidad, la profundidad empezaba por ahí: por el funcionario que maneja los números, no por un reemplazo protocolar que, aun con buena voluntad, no puede responderlo todo.
Aquí aparece el dilema con toda su crudeza.
Un concejal es elegido para representar a los vecinos, no para administrar la urgencia del Ejecutivo. La obligación básica en democracia representativa es preguntar, exigir explicaciones, corregir y, si hace falta, frenar.
Cuando un presupuesto de $64.000 millones se encarrila en tres días y encima sin el secretario de Economía en comisión, la idea de control se vuelve una formalidad.
Y si se cierra el dictamen con cuatro firmas (el número mínimo), el mensaje simbólico es devastador: No importa convencer; importa reunir las firmas necesarias.
¿Qué dice el Artículo 152 (y por qué se lo llama "cláusula del silencio")?
El Ejecutivo puede pedir urgente tratamiento y el proyecto debe considerarse en 30 días (45 en Presupuesto). Si no se lo desecha expresamente dentro del plazo, "se tendrá por aprobado".
Lo que la oposición ya puso sobre la mesa
En comisiones, concejales opositores cuestionaron prioridades del gasto (por ejemplo, partidas para protocolo, pauta publicitaria y ceremonial frente a necesidades como iluminación y servicios), y se pidió incorporar modificaciones.
Lo primero: el total no se toca (y eso dice mucho)
En ambas versiones, el presupuesto 2026 conserva el mismo tamaño: $64.278.964.869,44.
Ese dato es clave porque descarta el argumento de "ajuste" o "ahorro" tras las críticas. No hubo una reducción del gasto total. Hubo redistribución interna.
El rearmado más visible ocurre en la clasificación económica: Servicios baja en torno a $185 millones.
Inversión/erogaciones de capital sube alrededor de $143,7 millones, con un crecimiento particular de trabajos públicos (obra) de $124,26 millones.
También hay subas menores en bienes de consumo y transferencias.
Leído en castellano llano: el actualizado recorta "Servicios" y engorda "Obra" para exhibir una corrección de prioridades.
Pero lo determinante no es solo el movimiento general. Lo determinante es dónde tocaron y qué borraron.
La cirugía más evidente: "Boletos estudiantiles" pasa a cero
En el presupuesto original, el ítem "Boletos estudiantiles" aparecía con un monto enorme (aprox. $121,6 millones) y fue uno de los caballitos de batalla opositores: "millones para un boleto que no existe", denunciaron en el recinto y en medios.
En el presupuesto actualizado, ese renglón aparece en cero.
Esto no es un detalle técnico: es un gesto político directo al titular.
Ahora bien: el dato que enciende la sospecha es el "cómo". Porque en la versión actualizada, ese mismo monto no se evapora del presupuesto total. En la planilla aparece reubicado (con otra etiqueta) dentro de otras dependencias: Es decir: se borró el rótulo incómodo, pero no el dinero.
Y, un razonamiento lógico: Si desde la gestión Nediani no iban a otorgar el boleto estudiantil, ¿por qué lo presupuestaron?
Y ahí está el problema: cuando una discusión pública gira alrededor de una política concreta (boleto estudiantil) y la respuesta es "lo pongo en cero", sin explicar dónde queda la política y cómo se financiará, el presupuesto deja de ser un plan y pasa a ser una planilla defensiva.
Obra pública: subas puntuales para mostrar "prioridad barrial"
El segundo cambio de peso está en la Secretaría vinculada a obras y servicios urbanos: el actualizado refuerza pavimento, bacheo y alumbrado, con subas que en conjunto explican la mayor parte del aumento en "trabajos públicos".
Pavimento sube (salto fuerte). Bacheo sube. Ampliación de alumbrado público sube. Iluminación, sube.
En términos narrativos, es una respuesta directa al reproche opositor: "No está pensado para los vecinos", dijeron desde Libres del Sur al describir un presupuesto concentrado en estructura y rubros difíciles de controlar.
Hasta acá, el Ejecutivo podría argumentar: "Escuchamos, reordenamos, ponemos más en calle". El problema es el capítulo siguiente.
Lo que no tocaron: el núcleo del escándalo sigue intacto
Pese al maquillaje, hay rubros que permanecen como estaban y sostienen el eje de la crítica.
1) "Festival" y "fiestas": Siguen con montos altísimos.
En el presupuesto actualizado, esas partidas siguen. Y esto no es menor: el presupuesto conserva millones para "festivales" y montos grandes para fiestas públicas/agasajos.
2) "Agua para consumo": El número que nadie explica (ni en Qatar)
Otro punto de alto impacto público se mantiene: $1.220 millones para "compra de agua para consumo", uno de los rubros que más indignación generó en la denuncia opositora.
Porque esa partida, sin desagregación, abre una pregunta incómoda: ¿Qué agua es?
Sin respuesta, el número funciona como símbolo: una cifra enorme escondida detrás de una etiqueta mínima.
3) Subsidios y estructura: el peso del gasto fijo continúa
El debate de fondo —y el que más duele en cualquier municipio— también sigue: el presupuesto continúa con un peso abrumador del gasto en personal (en el original era 72,5% del total), y los opositores aseguran que el porcentaje real trepa "por encima del 80%" y que violaría límites internos. Esa afirmación es parte de la discusión política; lo que nadie discute es que el gasto salarial se come el margen.
La frase que resume el "presupuesto retocado": "Sacaron un poco de aquí y pusieron un poco de allá"
La mejor síntesis no está en los cuadros: está en el recinto.
Cuando se conocieron modificaciones, la concejal Stella Maris Mirolo reconoció que hubo cambios, pero remató con una definición que encaja perfecto con la comparación de planillas: "Han sacado un poco de aquí y han puesto un poco de allá… pero no cuestiones de fondo".
Esa frase pega porque describe exactamente lo que muestran los números: el total queda igual, algunos rótulos cambian (sobre todo los "polémicos"), se refuerza obra para mostrar "respuesta" y el núcleo de gastos cuestionados permanece.
El total del Presupuesto 2026 no cambia: $ 64.278.964.869,44 (en ambos).
Reasignación grande por "objeto del gasto" (pág. 16)
Servicios: $ 9.134.442.655,21 → $ 8.949.166.017,32 (- $ 185.276.637,89)
Bienes de consumo: $ 2.880.049.467,67 → $ 2.913.543.938,22 (+ $ 33.494.470,55)
Transferencias: $ 2.694.877.587,69 → $ 2.702.972.982,39 (+ $ 8.095.394,70)
Erogaciones de capital / inversión: $ 1.606.192.715,56 → $ 1.749.879.488,19 (+ $ 143.686.772,63)
Bienes de uso: + $ 19.424.078,79
Trabajos públicos: + $ 124.262.693,84
Recortan servicios y "suben" inversión/obra sin aumentar el total.
En la Secretaría de Ord. Urb. y Seg. / Tránsito (pág. 51):
BOLETOS ESTUDIANTILES (032500): $ 121.600.875,00 → $ 0 (- $ 121.600.875,00)
Como efecto directo, en Tránsito bajan Servicios:
$ 125.514.875,00 → $ 3.914.000,00 (- $ 121.600.875,00)
Total del área: $ 5.659.865.548,68 → $ 5.546.042.892,43 (- $ 113.822.656,25)
El rubro que estaba en el centro del "ruido" político (boleto) queda eliminado en la planilla del área donde figuraba.
En Secretaría de Obras (pág. 42), sube Trabajo Público:
Trabajo público total: $ 1.373.200.000,00 → $ 1.497.462.693,84 (+ $ 124.262.693,84)
Pavimento: + $ 58.462.256,34
Bacheo: + $ 30.400.218,75
Ampl. alumbrado público: + $ 15.400.218,75
Iluminación: + $ 20.000.000,00
Además, en esa misma secretaría sube fuerte:
Textiles y vestuarios: $ 1.360.000,00 → $ 21.360.000,00 (+ $ 20.000.000,00) (pág. 42)
Ingreso "Festivales y eventos": $ 150.000.000,00 (pág. 10)
Gasto "Festivales": $ 150.000.000,00 (pág. 36)
"Fiestas públicas y agasajos": $ 157.239.375,00 (pág. 36)
Subsidio a empresas de transporte: $ 746.467.200,00 (pág. 51)
Si el despacho de mayoría se consolida y el Presupuesto 2026 se aprueba en sesión con este ritmo, La Banda no estará discutiendo solamente números: estará validando una forma de gobierno.
En La Banda, el Presupuesto 2026 ya eligió su metáfora: No es un mapa, es un espejo. Y el espejo devuelve una imagen incómoda: Cuando un municipio responde a un escándalo cambiando etiquetas sin cambiar el fondo, no está corrigiendo prioridades; está corrigiendo titulares.
Porque un presupuesto serio no se defiende con "retoques". Se defiende con desagregación, criterios, programas públicos, metas medibles y contratos visibles.
En otras palabras: Si el Ejecutivo puede borrar un renglón polémico y "reaparecer" el monto en otra parte, el problema no es contable. Es político e institucional.
La democracia municipal no se rompe con un golpe; se vacía con trámites rápidos, funcionarios ausentes y urgencias sin explicación pública convincente.
Cuando el Concejo deja de ser un contrapeso real y pasa a funcionar como vía de convalidación, como una escribanía del Departamento Ejecutivo, la República sigue existiendo en el papel… pero la representación se achica en la práctica.
La monarquía parlamentaria no existe en Argentina, claro. Pero puede existir algo igual de grave para la vida cotidiana: Un Concejo que responde más al intendente que al vecino.
Eso no es una figura jurídica: Es una patología política.
Y se nota siempre en el mismo lugar: en el presupuesto.
La pregunta final —la que no se tapa con ninguna planilla— es brutal y simple: ¿Quién gobierna La Banda con un presupuesto pensado para explicar la ciudad… y quién la gobierna con un presupuesto pensado para explicar el presupuesto?
