Un fallo dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 4 de Morón sentó un precedente central respecto a la responsabilidad de los progenitores y el derecho a la identidad. Un hombre de 70 años fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a su hija de 35 años por no haber impulsado los mecanismos para reconocerla legalmente, pese a contar con elementos suficientes para sospechar el lazo biológico.

La historia se remonta a 1990 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Tras un vínculo íntimo entre la madre de la demandante y el acusado, se produjo el embarazo y posterior nacimiento en 1991. Sin embargo, la crianza de la niña quedó exclusivamente en manos de la madre y los abuelitos maternos. Recién en septiembre de 2023, ya en la adultez, la mujer decidió ir a fondo y promovió un juicio de filiación. En ese proceso, el hombre no opuso resistencia y aceptó someterse a un examen genético de ADN, el cual arrojó una probabilidad de paternidad del 99,99%.

En el expediente civil por daños y perjuicios, el demandado intentó defenderse argumentando que solo había mantenido un encuentro ocasional y que ignoraba por completo la existencia de una hija hasta recibir la notificación judicial. Sin embargo, la sentencia analizó una serie de indicios que terminaron por debilitar esa postura.

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El magistrado ponderó que ambas familias vivían en el mismo entorno barrial y a corta distancia. Además, las declaraciones de vecinos confirmaron que el hombre concurría al domicilio de la madre y que en el vecindario era de público conocimiento la posible filiación. Si bien el juez descartó una conducta maliciosa o deliberada (dolo) desde el momento del nacimiento, concluyó que existió una clara responsabilidad por negligencia (culpa): el demandado pudo haberse representado seriamente la posibilidad de ser el padre y eligió permanecer al margen durante más de 30 años.

Por otra parte, la resolución judicial rechazó los reclamos por daño psicológico, incapacidad y "pérdida de chance" presentados por la demandante, al considerar que no se presentaron peritajes médicos ni pruebas concretas que acreditaran perjuicios económicos o proyectos frustrados. De esta manera, la condena de 30 millones de pesos —más intereses contados desde septiembre de 2023— se fijó de forma exclusiva para reparar las consecuencias extrapatrimoniales y la profunda vulneración al derecho a la identidad y al estado de familia.