La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los otros nueve investigados por el caso $LIBRA, pese a que ninguno había sido llamado a declaración indagatoria y algunas medidas de prueba no pudieron completarse. La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (a la derecha en la foto), adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano (izquierda), reabrió el debate sobre el alcance de la investigación y el derecho de los damnificados a reclamar respuestas.

La resolución establece su sobreseimiento. Pero el modo en que se llegó a esa decisión deja interrogantes que merecen ser examinados.

Las preguntas que quedaron abiertas

Uno de los puntos que alimenta las críticas es que la investigación terminó sin que los acusados prestaran declaración indagatoria. El juez consideró que podía resolver el caso en esas condiciones y sostuvo que las pruebas reunidas no permitían acreditar los delitos denunciados.

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Sin embargo, tal como observa Cheuqeado sobre los fundamentos del fallo, quedaron cuestiones sin esclarecer. Entre ellas, el contenido de las comunicaciones telefónicas entre Milei y el operador Mauricio Novelli, algunas de ellas registradas el día del lanzamiento de $LIBRA; la trazabilidad completa de los fondos que circularon entre distintas billeteras digitales, y el destino de documentación encontrada en el teléfono de Novelli.

El juez también cuestionó aspectos del manejo de la prueba digital y señaló problemas que, a su criterio, afectaron su valor probatorio. Es otro elemento que forma parte de los fundamentos que deben evaluarse para comprender por qué la investigación no permitió sostener las hipótesis delictivas.

Los damnificados, fuera de la causa

Otro aspecto controvertido es la situación de los inversores (damnificados que perdieron sus ahorros) que buscaban intervenir como querellantes. Sus planteos habían sido rechazados por decisiones judiciales anteriores y, cuando se dictó el sobreseimiento, no participaban como acusadores particulares.

El apartamiento tuvo una consecuencia concreta: la fiscalía quedó sin una acusación autónoma de los querellantes que impulsara la continuidad del proceso. Martínez de Giorgi entendió que, ante el pedido de Taiano y la ausencia de otra pretensión acusatoria (generada por la justicia misma, que excluyó a los querellantes), correspondía dictar los sobreseimientos.

Pero la discusión sobre la participación de los damnificados no había terminado. Al momento de conocerse el fallo, continuaban pendientes recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal para revisar su exclusión como querellantes.

Por eso, el desenlace no puede analizarse únicamente a partir de la conclusión del fiscal y del juez. También importa preguntarse qué posibilidades tuvieron quienes aseguran haber sufrido pérdidas para participar de la investigación y cuestionar su cierre.

Una decisión que exige explicaciones

El caso se originó después de que Milei promocionara $LIBRA en sus redes sociales, el 14 de febrero de 2025. Tras un repunte inicial, el valor del criptoactivo se desplomó y numerosos compradores denunciaron pérdidas. La investigación buscaba determinar si los hechos podían constituir delitos como estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública.

El magistrado concluyó que no se habían acreditado los elementos necesarios para encuadrar los hechos en esas figuras penales. Entre otros argumentos, consideró que la publicación presidencial no demostraba por sí sola la existencia de un engaño concreto y que tampoco se habían probado pagos indebidos a funcionarios.

La discusión, entonces, no consiste en dar por culpables a Milei o a los demás investigados, sino en examinar si el proceso reunió y evaluó toda la evidencia relevante antes de cerrarse. También en determinar si los damnificados contaron con vías efectivas para intervenir y cuestionar las decisiones que afectaban sus intereses.

En una causa que involucra al Presidente, a su entorno y a una criptomoneda promocionada públicamente desde la cuenta presidencial, la transparencia sobre los fundamentos y el recorrido de la investigación resulta central para la confianza en las instituciones.

La pregunta de fondo sigue abierta para el debate público: ¿se agotaron todas las líneas relevantes de investigación antes de dictar el sobreseimiento, o quedaron puntos sin esclarecer que merecían una respuesta?

La resolución judicial fijó una conclusión sobre la responsabilidad penal de los investigados en esta causa; el examen de sus fundamentos y de las cuestiones pendientes es indispensable para entender cómo se llegó a ella.