En el marco del ajuste y la desregulación impulsada por el presidente Javier Milei, el Gobierno libertario tiene listo un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que planea derogar más de 40 leyes y eliminar una veintena de organismos estatales. La medida, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se publicará en el Boletín Oficial antes de que finalice la primera quincena de abril, según fuentes oficiales.
Este nuevo DNU, que en la Casa Rosada ya denominan internamente como el “decreto hojarasca”, apunta a dar de baja normativas que, según el Ejecutivo, han perdido relevancia o efectividad con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad y la burocracia estatal, quedando obsoletas.
Entre las leyes que serían derogadas se encuentran normas que establecen el marco legal para el uso del microfilm en diversos organismos del Estado para la conservación de documentación oficial, así como la eliminación de la jurisprudencia relacionada al carnet de mochilero, que disponía su obligatoriedad para quienes solicitaran colaboración para desplazarse dentro del país con elementos de camping. También se prevé la derogación de leyes que impulsan medidas sanitarias vinculadas a la prevención de la viruela, estableciendo la notificación de casos y procedimientos de control, incluyendo medidas de aislamiento, una enfermedad que ya ha sido erradicada a nivel global.
Eliminación y fusión de organismos estatales en la mira
Además de la derogación masiva de leyes, el Gobierno analiza otro DNU que podría concretarse en los próximos días y que apunta a una profunda reestructuración del Estado. Este decreto contemplaría la eliminación de 24 organismos estatales, la fusión de más de 15 estructuras y la transformación de alrededor de 16.
Entre los organismos que desaparecerían se encontraría el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), una medida que seguramente generará controversia y críticas por parte de organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Críticas a la utilización del DNU como herramienta legislativa
La utilización del Decreto de Necesidad y Urgencia como principal herramienta para implementar reformas estructurales por parte del gobierno de Javier Milei continúa generando fuertes debates. Si bien la Constitución Nacional establece que los DNU deben estar justificados por circunstancias de necesidad y urgencia, críticos señalan que el Ejecutivo está recurriendo a esta figura de manera sistemática para evitar el debate parlamentario y la deliberación democrática que implica la sanción de leyes en el Congreso.
La magnitud de la cantidad de leyes que se buscan derogar y la eliminación de un número significativo de organismos estatales a través de un DNU profundizan la polémica sobre el rol del Poder Ejecutivo en la modificación del marco legal y la estructura del Estado, sin la participación directa del Poder Legislativo. La publicación de estos nuevos decretos marcará un nuevo capítulo en la estrategia de ajuste y desregulación del gobierno libertario, con potenciales implicancias en diversos ámbitos de la vida social y económica del país.
