La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los aumentos de las empresas de medicina prepaga.
La resolución establece que la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos de los planes privados, de acuerdo con los criterios previstos en la legislación vigente.
El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y representa una decisión sobre uno de los principales cambios introducidos por el Gobierno en el funcionamiento del sistema de salud privado.
El reclamo que llegó a la Corte Suprema
La causa se inició a partir de la presentación de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La mujer cuestionó los incrementos y recurrió a la Justicia tras considerar que la eliminación de los controles estatales había habilitado subas excesivas.
En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionales los artículos cuestionados y establecido que los aumentos debían ajustarse al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, la Corte confirmó la inconstitucionalidad de las disposiciones que eliminaron la regulación estatal, pero descartó imponer un límite automático vinculado con la inflación.
Qué cambia para los afiliados
A partir de esta resolución, las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus incrementos a los mecanismos de supervisión estatal. Esto no significa que los aumentos queden prohibidos, sino que la autoridad de aplicación podrá evaluar si los valores solicitados se justifican por la evolución de los costos de las prestaciones y los cálculos actuariales de cada compañía.
El pronunciamiento también podría repercutir en alrededor de 500 causas similares que permanecen pendientes de resolución y convertirse en un antecedente para futuros reclamos de afiliados.
No obstante, la sentencia no establece la devolución automática de los aumentos que los usuarios ya pagaron. Cada situación deberá analizarse de acuerdo con las particularidades de los reclamos judiciales correspondientes.
Los argumentos de los jueces
Para declarar inconstitucionales los artículos, los integrantes del máximo tribunal consideraron que el Poder Ejecutivo no justificó de manera suficiente la necesidad de eliminar los controles mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La Constitución Nacional establece que los DNU solo pueden utilizarse en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir el trámite legislativo ordinario o existe una urgencia que no permite esperar ese procedimiento.
Según el criterio de la Corte, las referencias a la crisis económica y a la necesidad de mejorar la competitividad del sistema sanitario no demostraron que fuera indispensable suprimir las facultades regulatorias del Estado a través de ese mecanismo.
La decisión se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto de las disposiciones del decreto.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a contar con herramientas para intervenir en la regulación de las cuotas de medicina prepaga, mientras las empresas deberán adecuarse nuevamente a los mecanismos de control establecidos por la normativa vigente.




















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