El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la nueva Ley de Discapacidad, que establece un régimen permanente para reemplazar la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre.

La votación terminó con 71 votos a favor y ninguno en contra, luego de una serie de negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición. La normativa apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y establecer mecanismos de financiamiento para el sector.

Entre sus principales disposiciones, la ley mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, que quedarán fijadas en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima, con los mecanismos de actualización correspondientes.

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Además, se establece la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado o determinadas actividades alcanzadas por regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La nueva legislación también conserva al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acceder a las distintas prestaciones y ratifica el nomenclador universal, que determina valores de referencia para servicios de atención, rehabilitación y otras prácticas.

En materia sanitaria, se garantiza la continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 mediante el Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas que reciben pensiones no contributivas y requieren tratamientos o servicios de salud.

Pago de deudas y controles

Otro de los puntos incorporados está relacionado con las deudas acumuladas con los prestadores del sistema. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y afrontar los montos pendientes en un plazo máximo de 90 días, de acuerdo con las condiciones establecidas por la norma.

La ley también contempla controles y auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos como ANSES, ARCA y Renaper. Estos procedimientos deberán garantizar el derecho de defensa y las garantías correspondientes para las personas alcanzadas.

Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto, defendió la necesidad de avanzar hacia un sistema con reglas estables que permita brindar mayor previsibilidad tanto a beneficiarios como a prestadores.

Desde la oposición, Alicia Kirchner expresó reparos vinculados con la capacidad operativa de los organismos encargados de aplicar las nuevas disposiciones, mientras que otros legisladores remarcaron la necesidad de garantizar los recursos presupuestarios.

Por su parte, Patricia Bullrich valoró el acuerdo alcanzado entre los diferentes espacios políticos y destacó la incorporación de distintas posiciones durante el tratamiento legislativo.

Con la aprobación definitiva del Congreso, la norma deberá ser enviada al Poder Ejecutivo, que tendrá la posibilidad de promulgarla, observarla parcialmente o vetarla de acuerdo con sus atribuciones constitucionales.

El próximo desafío estará puesto en la reglamentación, la implementación de las nuevas disposiciones y la asignación de los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.