La Argentina está frente a una oportunidad única para consensuar cambios perdurables en las reglas de juego institucionales. Los fuertes vaivenes que han experimentado las políticas públicas en las últimas décadas, con un evidente impacto en el crecimiento y en la pobreza, hacen indispensable cambiar las reglas de juego institucionales, de manera que los políticos enfrenten los incentivos adecuados para consensuar políticas de Estado estables en el tiempo.
Este año 2016 presenta dos características, una de alto simbolismo y otra de carácter práctico, que lo convierten en un momento especial para emprender este tipo de reformas. Siendo el Año del Bicentenario, es un momento especial para repensar la República. Los revolucionarios de 1810/16 pensaron un país en grande, y ciertamente la Argentina fue un país próspero entre 1853 y 1930, mientras duró un acuerdo institucional que permitió dar un horizonte de estabilidad a las reglas de juego. En contraste, en los años recientes se intentó hacer sucumbir el país a la mezquindad. El Bicentenario nos debe inspirar para pensar cómo hacer para reconvertir a la Argentina en un país grande, en una democracia moderna e inclusiva.
La ventaja es que en 2016 predominan líderes de alrededor de 50 años, socializados políticamente en democracia y proclives a la formación de consensos.
Los destinos de las sociedades no están predeterminados: son consecuencia de decisiones tomadas en el contexto de coyunturas críticas por actores de carne y hueso.
Este nuevo grupo de políticos tiene la oportunidad de edificar la infraestructura institucional necesaria para, como dice el Preámbulo de la Constitución, asegurar los beneficios de la libertad.
En este proceso de reformas es importante evitar poner el carro delante del caballo. No se trata de cambiar una serie de políticas públicas por otras.
Los problemas que ha tenido la Argentina son justamente los eternos vaivenes de las políticas económicas, sociales, educativas, externas, de seguridad, etc. Estos vaivenes han traído como consecuencia recurrentes crisis políticas, económicas, sociales e institucionales.
El problema que enfrentamos es cómo garantizar que las políticas que se implementen ahora perduren una vez que cambie el signo del partido en el gobierno. Incentivos y restricciones institucionales permitieron que esto fuera posible en Chile, por ejemplo, desde la vuelta de la democracia, en 1990.
Para lograr estabilidad en las reglas de juego, tenemos que cambiar los incentivos político-electorales, de funcionamiento del Estado y sus mecanismos de control, y de relaciones fiscales federales. Pensamos que estas tres reformas tienen que ejecutarse en forma simultánea y ser parte de un acuerdo entre las principales fuerzas democráticas para hacerlas perdurables en el tiempo.
La reforma electoral tiene que trascender la boleta única, si bien éste sería un paso adelante. Hoy el sistema de partidos está fragmentado y territorializado, y el sistema electoral está sesgado en favor del peronismo.
El sistema electoral hace además que diputados y senadores respondan a sus respectivos gobernadores y no al electorado. El patronazgo y el clientelismo inclinan la cancha electoral en favor de quien gobierna, problema agravado por la falta de controles en el uso de los recursos públicos, lo que convierte el Estado en un botín.
El sistema de coparticipación federal tiene a los gobernadores a merced del gobierno nacional.
Nuestro sistema político está totalmente desbalanceado.
El conjunto de reglas imperante convierte el Congreso en una escribanía cuando gobierna el peronismo, y en una enorme fuente de obstáculos cuando un gobierno no peronista tiene que hacer ajustes.
El sistema político, además, no tiene ningún incentivo para acordar políticas de largo plazo, ya que ni las filiaciones partidarias son estables en el tiempo. Sin un Congreso convertido en un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo, los sistemas de control —Justicia, Auditoría General de la Nación y otros— no pueden cumplir su rol.
La Argentina necesita recrear un sistema político balanceado, con partidos nacionales fuertes, con una cancha electoral pareja y un Congreso que se convierta en un efectivo control del Poder Ejecutivo y en una arena para poder establecer acuerdos partidarios sobre políticas públicas perdurables.
Sólo estos arreglos darán lugar a un Estado moderno, eficaz, transparente y eficiente, capaz de proveer los bienes públicos fundamentales.
