Los jóvenes son centrales en nuestra sociedad.
En países como la Argentina, en donde la ventana de oportunidad del bono demográfico se está cerrando, es fundamental invertir en mejorar las condiciones de vida de esta población.
Durante el período que va desde los 15 a los 29 años se toman decisiones clave que impactan sobre el bienestar presente y futuro de las juventudes, como también en la sustentabilidad del desarrollo de la sociedad como un todo.
Una de estas transiciones tiene que ver con la inserción laboral: las condiciones en las que se ingresa al mercado de trabajo redundan en consecuencias de corto y mediano plazo para el pleno ejercicio de derechos de los jóvenes. A pesar de la centralidad de este hito, los jóvenes argentinos enfrentan mayores obstáculos que la población general a la hora de insertarse en puestos de trabajo de calidad.
La población joven evidencia mayores tasas de desocupación y menores tasas de actividad. Además, aquellos que logran entrar al mercado laboral, suelen hacerlo en el sector informal de la economía, con las vulneraciones que esto implica.
La inclusión de esta problemática en la agenda gubernamental y en la agenda pública es siempre bienvenida.
Es necesario avanzar hacia sistemas de promoción del empleo joven que se nutran de un enfoque de derechos.
El género juega un rol fundamental: la mayoría de las personas llamadas peyorativamente “ni-ni” por no estar insertas en estructuras laborales y/o educativas son mujeres, muchas de las cuales se dedican intensivamente a tareas de cuidado y quehaceres domésticos de forma no remunerada.
Filgueira y Rossel (2015) señalan que, a la hora de diseñar e implementar políticas destinadas a los jóvenes, importa no sólo la efectiva ocurrencia de la inserción laboral, sino también la calidad del contexto en la que se da y la secuencialidad en relación a otros hitos fundamentales. Así, el primer empleo es importante, pero lo es tanto como que ocurra en un sector productivo y con los instrumentos de protección social que son derechos del trabajador.
A su vez, es necesario considerar las heterogeneidades que atraviesan a las juventudes: la situación de una madre adolescente en situación de pobreza no será la misma que la de un hombre soltero de clase media, y las respuestas de política deberán, en consecuencia, ser diferentes.
Un desafío crítico que las políticas de empleo deben enfrentar es el de la alta rotación de los jóvenes en sus puestos de trabajo.
A pesar de que los datos no permiten desagregar este indicador por edad, expertos coinciden en que los guarismos son mayores para los jóvenes que para la población en general (Repetto y Díaz Langou, 2014).
Esto tiene que ver con varios factores: durante las crisis, los jóvenes son los primeros en salir del mercado laboral y los últimos en reincorporarse; los servicios públicos de cuidado son insuficientes para que ambos padres puedan ingresar al mercado laboral sin preocuparse por el cuidado de sus hijos, por lo que esta tarea recae, por cuestiones culturales, en las mujeres.
Iniciativas para formalizar a los trabajadores jóvenes e incentivar su contratación pueden resultar útiles, pero su potencialidad dependerá de la articulación con políticas tendientes a mejorar la calidad y la permanencia en los puestos de trabajo.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento publicó una serie de recomendaciones integrales que abordan los requisitos que debe cumplir una política de empleo joven.
Estas recomendaciones, entramadas con otras relacionadas con los demás hitos fundamentales que acaecen durante la juventud, son fruto de una investigación que analizó las dinámicas laborales de la Provincia de Buenos Aires y sus consecuencias para la empleabilidad joven. Ambos documentos coinciden en un elemento central: los desafíos para el pleno goce de derechos de los jóvenes son multidimensionales, como deben ser las respuestas de políticas.
