Hay autocrítica de miembros del Gobierno, en susurros: sostienen que se creó demasiada expectativa con el rebote económico del segundo semestre. Falta menos de un mes para alcanzar ese paraíso prometido y el invierno todavía pega muy duro. Hay coincidencia en que la inflación bajará desde julio pero eso no es todo; las mejoras en la economía recién empezarían a verse hacia finales del año.
Ésta fue la causa, se asegura, de que el Gobierno haya alterado su agenda para sacar de la galera un proyecto de alto impacto como el blanqueo de capitales y el pago de las sentencias a los jubilados. Beneficio que alcanzará a 2,4 millones de jubilados (aunque la oposición dice que será 1,8 millón) e implicará un aumento en torno al 45% de los haberes.
“Es la medida social más importante de los últimos 20 años”, se entusiasman en la Casa Rosada.
El proyecto de ley ómnibus (contiene cuestiones tributarias también) debe ser aprobado en el Congreso. La discusión arrancó la semana pasada en comisiones de la Cámara de Diputados (Presupuesto y Previsión Social). Hubo fuerte objeciones a muchos aspectos del proyecto, por parte del kirchnerismo y del peronismo disidente, pero la buena noticia para los jubilados es que todos están de acuerdo en pagar a los jubilados como ha ordenado la Justicia, y saldar la deuda histórica.
El oficialismo quería obtener dictamen este martes pero aceptará correrlo al jueves; en Diputados la ley tendría media sanción el miércoles 15 de junio.
El aspecto más polémico es la venta de acciones de la Anses en bancos y grandes empresas privadas. Son las inversiones que habían hecho las AFJP, pero al reestatizarse el sistema jubilatorio en 2008 pasaron al patrimonio estatal, integrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo. La Anses es dueña así, por ejemplo, de nada menos que del 31,5% de Banco Macro, el 26% del Galicia, el 25% de Telecom Argentina y el 26% de Siderar, entre otras inversiones.
Hay dos concepciones ideológicas. El año pasado, en septiembre, el kirchnerismo sancionó una ley de “protección” para impedir la venta al cambiar el gobierno. El proyecto oficial propone en uno de sus últimos artículos la derogación de esa norma. Se afirma que hay una demanda del establishment de que el Estado se desprenda de esas acciones.
Tanto el kirchnerismo, el peronismo disidente y el Frente Renovador de Sergio Massa acuerdan en usar la rentabilidad del FGS para pagar a lo jubilados, pero se opondrán a la venta de acciones. En el oficialismo sostienen que éstas sólo son el 12% del FGS. Aseguran que no se proponen venderlas pero reclamarán poder disponer de las mismas para “jugar como cualquiera” en el mercado de capitales. Se verá si logra acordarse una postura intermedia que deje conformes a todos.
