En medio de fuertes presiones políticas, académicas e institucionales, Manuel García-Mansilla presentó este lunes su renuncia como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a solo 39 días de haber sido designado en el cargo por decreto del presidente Javier Milei.
El académico había asumido el pasado 27 de febrero en un acto formal en el Palacio de Tribunales, sin contar con el respaldo del Senado. Su designación generó un intenso debate constitucional y político, que culminó con un duro revés legislativo: el Senado rechazó su pliego con 51 votos en contra y solo 20 a favor.
La situación escaló cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó un fallo que le prohibió a García-Mansilla intervenir en causas ya en trámite en la Corte o tomar decisiones administrativas por un período de tres meses. Según el magistrado, cualquier decisión firmada por García-Mansilla tras el rechazo del Senado podría ser considerada ilegítima, nula o inexistente, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país.
A pesar de que el gobierno decidió apelar el fallo de Ramos Padilla, solicitando un salto de instancia para que sea la propia Corte la que revise la decisión, García-Mansilla optó por no apelar personalmente y presentó su renuncia al Ejecutivo. La decisión se aceleró luego de que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, publicara un comunicado instando al académico a dar un paso al costado para evitar un conflicto institucional.
"La decisión del Senado ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada", sostuvo el organismo. En la misma línea, un amplio grupo de profesores, juristas y abogados de todo el país también solicitó su dimisión, señalando que su permanencia en el cargo violaba el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige el acuerdo del Senado para la designación de jueces de la Corte.
Con la renuncia de García-Mansilla, el máximo tribunal continuará funcionando con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte deberá recurrir a la convocatoria de conjueces en caso de no alcanzar la mayoría necesaria en sus fallos, lo que plantea un nuevo desafío operativo e institucional para el poder judicial.
