El gran dilema que enfrenta la actual gestión es decidir si la falta de estadísticas es necesariamente mejor que cualquier intento por reparar la delicada situación informativa heredada. Se trata de ver si en el camino por reconstruir el sistema estadístico resultará cierto que lo mejor atentará contra lo bueno y si no será conveniente tener estadísticas no tan malas ahora que la promesa del mejor sistema en un futuro lejano, cuando ya sea demasiado tarde.
Una vieja noción de la matemática dice que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice acerca de un conjunto vacío. La aseveración “todos las personas que pueden respirar debajo del agua son hinchas de Platense” es un tanto rara porque no hay gente que respire como un pez, de modo que es trivialmente cierto que los que respiran abajo del agua son hinchas del club de Saavedra. O de Boca, o del Barsa, o de ningún equipo o de todos.
Y algo tristemente similar ocurre cuando el vacío se refiere a la falta de estadísticas públicas que plantean las indefiniciones acerca del Indec. Sin estadísticas oficiales confiables, la inflación subió y también bajó, la Asignación Universal por Hijo será efectiva y también no lo será. Porque sin estadísticas oficiales confiables la política social ocurre en una penumbra, como la que enfrenta el médico que administra un analgésico, pero que no tiene un termómetro para medir la fiebre de su paciente.
Cualquier estadística es una suerte de acuerdo: no hay estadísticas buenas ni malas, tan solo útiles e inútiles. Toda estadística intenta aproximar una realidad, jamás reproducirla con infinita precisión. Más allá de la revolución de big data es imposible medir todos los precios de todos los bienes en todas las circunstancias.
También es impensable acordar una definición del hecho de ser pobre que satisfaga a todos. Por eso es que el rol de la estadística oficial va mucho más allá de lo técnico y algorítmico. Se trata de proponer algún acuerdo social en el cual se miden algunos precios (y no todos) o se conviene una noción de pobreza que, sopesando ventajas y desventajas, resulte útil aun cuando sea trivialmente errada. Cualquier índice de precios que no mida todos los precios “está mal”, tanto como cualquier medida de pobreza que no contemple todas las dimensiones en las cuales una familia es pobre. Entonces, la estadística pública es un delicado compromiso entre lo errado pero útil y lo preciso e inoperante.
El gran dilema que enfrenta la actual gestión de gobierno es decidir si la falta de información es necesariamente mejor que cualquier intento por reparar la delicada situación informativa heredada de la administración anterior. En términos prácticos se trata de ver si en el camino por reconstruir el sistema estadístico resultará cierto que lo mejor atentará contra lo bueno y si no será conveniente tener estadísticas no tan malas ahora que la promesa del mejor sistema en un futuro lejano, cuando ya sea demasiado tarde.
Lamentablemente la ausencia de información oficial sobre el derrotero de los precios y la pobreza no puede ser resuelta por el sector privado, que seguro se halla en condiciones de realizar cálculos y estimaciones pero no de lograr un acuerdo social, a la larga el principal rol de la estadística pública. La falta de estadística oficial no hace más que generar opiniones y mediciones alternativas que sólo resaltan el vacío, ese sobre el cual todo lo que se dice es trivialmente cierto o falso.
Raymond Chandler decía que “no hay nada más vacío que una piscina vacía”. Pero un país sin un sistema estadístico confiable no se queda atrás en la comparación.
